El partido Ceuta Ya! ha presentado una propuesta en el próximo Pleno de la Asamblea de Ceuta para exigir una gestión legal y transparente de la frontera del Tarajal, denunciando el “silencio cómplice” de las administraciones de España y Marruecos. La formación solicita que la Asamblea apruebe una declaración institucional que rechace la actual gestión del espacio fronterizo, reclame la restitución de la legalidad y exhorte al Gobierno central a tomar medidas políticas y diplomáticas para garantizar el cumplimiento de las normas y tratados que regulan el tránsito de personas y mercancías. 

Según Mohamed Mustafa, secretario general de Ceuta Ya!, “el PP, unido al PSOE en este asunto trascendental, ha optado por un modelo de ciudad fundamentado en la dependencia y la asimetría, con una clase funcionarial blindada pero sin apenas actividad”. Mustafa critica que, pese a las promesas de suprimir la excepcionalidad de Schengen, no se han iniciado los trámites necesarios y las normas fronterizas permanecen inalteradas. “Por la fuerza de los hechos, y al margen de la legalidad vigente, se ha construido un muro que nos aísla, provocando enormes dificultades a muchos ceutíes que mantienen relaciones con personas y familias residentes en Marruecos, así como una brutal contracción de la actividad económica”, añade. 

Ceuta Ya! denuncia que “todos los días vemos, en redes y medios, el calvario que sufren los ceutíes que deciden pasar a Marruecos, obligados a padecer interminables y desesperantes colas en la frontera”. La formación considera que este cambio en el régimen fronterizo se ha producido sin las modificaciones normativas pertinentes, lo que supone un incumplimiento de la ley y una vulneración de los derechos de los ciudadanos.

El partido discrepa “radicalmente” del planteamiento del Gobierno de la Ciudad y califica de “absolutamente inaceptable” que se vulneren impunemente los derechos de los ciudadanos con el beneplácito de quienes deben hacer cumplir la ley. Mustafa concluye que “no se puede tolerar por más tiempo que el silencio, un silencio cómplice, sea la respuesta que, por parte de las administraciones, reciban los ciudadanos y las ciudadanas que día tras día sufren por lo que sucede en la frontera”