El PP reclama lealtad institucional y respeto a la Constitución, exigiendo que cualquier modelo de financiación se debata de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no mediante acuerdos bilaterales con formaciones independentistas. Los líderes populares advierten que la reforma afecta negativamente a la suficiencia, estabilidad, equidad y seguridad jurídica del sistema, y piden reiniciar el proceso desde cero, con la participación de todas las comunidades autónomas. 

La declaración subraya que los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios, y que todos los españoles deben acceder a servicios públicos homogéneos en educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. El PP rechaza cualquier modelo que genere asimetrías o privilegios políticos. 

En materia fiscal, el texto advierte contra la independencia fiscal de una comunidad y la imposición de subidas masivas de impuestos al resto. Defiende la autonomía fiscal de las comunidades y rechaza la reimplantación de impuestos como el de Sucesiones o el aumento del IRPF. 

El PP propone la creación de un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación y reforzar los fondos de nivelación y compensación interterritorial, asegurando la suficiencia financiera y la igualdad en la prestación de servicios públicos.

La declaración también aborda la necesidad de tener en cuenta variables como la demografía, la dispersión, el envejecimiento y la insularidad en el cálculo del nuevo sistema, rechazando cualquier modelo de privilegios. 

Finalmente, los presidentes autonómicos del PP llaman a la unidad de todos los territorios y partidos para evitar la ruptura de la igualdad entre españoles y la construcción de nuevos muros territoriales. El compromiso es trabajar por un sistema de financiación decidido entre todos y pensado para todos