El Partido Popular ha registrado en el Senado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Justicia ante la situación de desorden, incertidumbre y falta de garantías generada por la implantación del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia en Ceuta.

Las preguntas ponen el foco en un hecho "incontestable": "el Ministerio ha impulsado una reorganización de gran calado sin haber informado adecuadamente a los funcionarios, sin un calendario público, sin criterios claros de adscripción del personal y sin ofrecer garantías explícitas a los trabajadores afectados. A día de hoy, ni los funcionarios ni los profesionales que prestan servicio en los juzgados de Ceuta saben con certeza cómo van a trabajar, con qué medios ni bajo qué organización".

El PP pregunta de forma directa qué información oficial ha facilitado el Ministerio a los funcionarios de Justicia en Ceuta y en qué fechas, y si considera aceptable poner en marcha un proceso de esta magnitud sin planificación pública ni seguridad jurídica para los empleados públicos. También exige explicaciones sobre los mecanismos de control para garantizar que las decisiones adoptadas se ajustan a la legalidad y respetan los derechos estatutarios del personal.

La iniciativa parlamentaria denuncia además que el nuevo modelo se está implantando sin un refuerzo previo y suficiente de medios humanos y materiales, a pesar de que Ceuta es un territorio con limitaciones estructurales conocidas y una Administración de Justicia históricamente tensionada. El PP pregunta cuántos funcionarios integran actualmente la plantilla efectiva, cuántos serían necesarios para una implantación ordenada y si existe —o no— un plan específico para Ceuta que tenga en cuenta la dispersión de sedes judiciales y sus singularidades organizativas.

Las preguntas registradas advierten del riesgo real de que esta implantación acelerada y sin medios derive en disfunciones graves, retrasos procesales y un deterioro evidente del servicio público de Justicia. Por ello, se reclama al Ministerio que aclare si ha evaluado el impacto sobre la carga de trabajo, la seguridad jurídica y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos de Ceuta.

El PP también exige saber qué órganos del Ministerio están supervisando directamente el proceso, con qué periodicidad se evalúan sus efectos y si se están revisando las instrucciones, protocolos y órdenes de servicio dictadas en Ceuta para comprobar que no exceden las competencias legales. Asimismo, se pregunta si el Ministerio está dispuesto a introducir correcciones si se constata que la implantación se está realizando sin información, planificación ni consenso.

La batería de preguntas subraya el malestar existente entre los funcionarios de Justicia y plantea abiertamente si esta situación de incertidumbre es compatible con una administración moderna, eficaz y respetuosa con sus empleados públicos. El PP pregunta también qué garantías ofrece el Ministerio para asegurar que Ceuta no está siendo utilizada como un territorio de prueba para reformas organizativas sin haber resuelto antes las carencias estructurales que arrastra su Administración de Justicia.

Finalmente, el Partido Popular exige al Ministerio de Justicia que responda con claridad si puede asegurar que este modelo no supondrá una pérdida de calidad del servicio público ni un deterioro de la confianza ciudadana en la Justicia en Ceuta, algo que hoy, a la vista de los hechos, está lejos de poder garantizarse.