El Senado ha planteado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno por la no elaboración y remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. 

El Pleno de la Cámara Alta, en su sesión celebrada el día 22 de octubre de 2025, acordó el planteamiento de este conflicto, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Ese mismo día, el presidente del Senado, Pedro Rollán, dirigió al presidente del Gobierno un escrito para trasladarle este requerimiento en nombre del Senado.

Ante la falta de contestación por parte de la Presidencia del Gobierno, la Cámara Alta ha presentado formalmente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre las dos instituciones.

Motivación jurídica

La Cámara Alta considera que la falta de presentación en plazo del Proyecto de Ley de PGE de 2026, así como el abuso indefinido de la prórroga presupuestaria, suponen una vulneración de varios artículos de la Constitución (CE). En concreto, de los artículos 1.3, 66.2, 134, apartados 1, 2, 3, 4 y 5, 23 y 99.2.

Por un lado, se incumple la obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente el Proyecto de PGE, prevista en los artículos 134.1 y 3 de la CE. Con este incumplimiento, las Cortes Generales no pueden ejercer su competencia en materia presupuestaria, prevista en los artículos 66.2 y 134.1.

De este modo, se limita la capacidad del Parlamento de modificar el texto, proponer alternativas y, sobre todo y en último término, aprobarlo o rechazarlo. Con ello, también se estaría vulnerando el artículo 23 de la Constitución, ya que se impide la participación de los senadores en la función presupuestaria. 

Además, el Senado considera que el Gobierno está utilizando de forma abusiva la prórroga presupuestaria, en contradicción con el artículo 134.4, con lo que se incumple también el principio de anualidad que prevé el artículo 134.2. Asimismo, las modificaciones presupuestarias que se están realizando de los PGE de 2023 prorrogados, al margen del Parlamento, suponen una vulneración directa del artículo 134.5 de la Constitución.

A su vez, debido a la relación que hay entre la no aprobación de los Presupuestos y la pérdida de confianza parlamentaria otorgada en la investidura, otro de los preceptos afectados sería el 99.2 de la Constitución. Para el Senado, los dos precedentes de 1995 y 2019, en los que los presidentes del Gobierno propusieron la disolución de las Cámaras, constituyen una convención constitucional.

Solicitud al TC

Por ello, el Senado solicita al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado la atribución constitucional del Senado para participar de la aprobación de los PGE, de acuerdo con los artículos 66.2 y 134.1 de la CE, así como para modificarlos y para controlar la acción del Gobierno por no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria.

A su vez, se suplica que, como consecuencia de esta lesión competencial, declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, producidas el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, 2026.

Asimismo, se solicita que resuelva lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de aquella vulneración competencial y que se señale un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria.