El Gobierno de Ceuta ha logrado sacar adelante los Presupuestos para 2026, valorados en 423,9 millones de euros, gracias al respaldo de los diputados no adscritos, pese al rechazo de todos los partidos con representación en la Asamblea. La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, defendió unas cuentas que, según destacó, apuestan por el crecimiento, la convivencia y el refuerzo de políticas sociales, subrayando el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, el empleo asalariado y la bajada del paro interanual. Además, insistió en el impulso al comercio minorista y el ambicioso plan de vivienda del Ejecutivo.

Sin embargo, la oposición fue especialmente crítica. Juan Sergio Redondo, líder de Vox, denunció que los Presupuestos son “los de Juan Vivas”, criticando su presentación fuera de plazo y calificando el proyecto de “continuista” y “modelo agotado”. Redondo puso el foco en el “despilfarro” destinado a la atención de menores extranjeros no acompañados y reprochó la falta de alternativas por parte del Gobierno. La consejera respondió que las normas no invalidan el presupuesto por la fecha y que sería irresponsable dejar a Ceuta sin instrumento económico operativo.

Por su parte, el diputado socialista Sebastián Guerrero habló de “fin de ciclo” y “proyecto agotado”, acusando al Ejecutivo de “despilfarro” y de mantener una estrategia continuista. El PSOE presentó varias enmiendas que fueron rechazadas por considerarse “técnicamente inviables” y “poco maduras”, ya que implicaban recortes en servicios esenciales como agua, alumbrado, telefonía y mantenimiento urbano. Guerrero también reprochó al Gobierno su dependencia de los no adscritos y criticó la estrategia política de “mercadear con la representación democrática” en lugar de aceptar propuestas sociales y de empleo.

El rechazo del MDyC fue inesperado para muchos. Su líder, Fatima Hamed, se mostró especialmente dura con Chandiramani y el proyecto, denunciando la “falta de voluntad política” para negociar y asegurando que las cuentas están “carentes de alma” y de “visión de ciudad”. El MDyC presentó diez enmiendas, valoradas en ocho millones de euros, destinadas a reforzar políticas sociales, empleo, sanidad y cohesión territorial, que fueron rechazadas. Hamed acusó al Gobierno de priorizar el crecimiento de unos pocos y de falta de debate, mientras la consejera defendió la transparencia y el carácter participativo del proceso, recordando reuniones previas con el MDyC. 

El diputado de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, centró su intervención en una enmienda para reducir las retribuciones de los cargos políticos, denunciando la “desconexión entre los salarios institucionales y la realidad social de Ceuta”. Chandiramani le acusó de manipular y ejercer la demagogia, proponiendo revisar también los sueldos de los diputados y las subvenciones a los partidos políticos. 

A pesar del escaso apoyo y las numerosas críticas, el Gobierno consiguió aprobar los Presupuestos tras aceptar varias alegaciones propias, orientadas a reforzar la cohesión social, la educación, el deporte y la modernización de servicios. Chandiramani defendió que se trata de un presupuesto que “no divide, que suma; que cumple; y que pone por delante el interés general de Ceuta y de los ceutíes”, destacando el apoyo a entidades que trabajan con familias vulnerables, personas con discapacidad, infancia y colectivos sociales.