El Partido Popular de Ceuta denuncia que la respuesta del Gobierno de España a la pregunta formulada en el Congreso sobre la atención en Salud Mental Infanto-Juvenil intenta transmitir una imagen de sistema sólido y normalizado que no se corresponde con la realidad asistencial que viven los ciudadanos en Ceuta.

En su contestación, el Ejecutivo "alardea de que la atención está garantizada, de que la plantilla está cubierta y de que se dispone de los recursos necesarios para atender a la población, presentando la situación como estable y controlada. Sin embargo, esa supuesta normalidad no existe en la práctica".

La realidad es que Ceuta no dispone de psiquiatras suficientes para sostener el sistema con continuidad. En la práctica, solo dos psiquiatras están pasando consulta externa, una "dotación claramente insuficiente para atender la demanda existente y para garantizar tiempos de respuesta razonables tanto a adultos como a menores".

Mientras el Gobierno "presume" de cobertura, las urgencias de Salud Mental no cuentan con atención especializada propia y están siendo atendidas por facultativos internistas, ya saturados en sus propios servicios. Esta situación evidencia que el sistema "no tiene capacidad real" para responder con normalidad, pese al mensaje oficial.

El Ejecutivo también omite en su respuesta que la zona de ingresos de Salud Mental del Hospital Universitario de Ceuta no está operativa, lo que limita gravemente la atención hospitalaria y obliga a buscar soluciones fuera de la ciudad en los casos que requieren ingreso.

"Frente al discurso de autosuficiencia que traslada el Gobierno, la atención en Salud Mental en Ceuta se sostiene a base de parches, externalizaciones en curso y derivaciones fuera de la ciudad. El propio INGESA se ve obligado a recurrir a centros externos para poder atender a pacientes, incluidos menores, lo que demuestra que el sistema público no es capaz de funcionar con normalidad por sí mismo".

Las consecuencias de esta situación son claras. Las derivaciones a la Península continúan, con el impacto personal y familiar que ello supone, "mientras el Gobierno insiste en vender una normalidad que no se refleja en la atención real".

La Salud Mental en Ceuta es competencia directa del Estado. "No se garantiza con respuestas triunfalistas ni con mensajes de autosatisfacción, sino con plantillas suficientes, estabilidad y capacidad para mantener el servicio funcionando de forma ordinaria, algo que hoy no ocurre".

La respuesta del Gobierno al Congreso no aclara ni resuelve los problemas, "sino que confirma una estrategia basada en negar la falta de profesionales mientras se parchea el sistema con externalizaciones, sin asumir responsabilidades".