La presión migratoria que envuelve a Ceuta le hace estar muy pendiente de lo que se decide en Bruselas, donde los ministros del Interior de la Unión Europea han aprobado un nuevo reglamento para simplificar y acelerar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.

Este giro en la política migratoria comunitaria ha sido respaldado por una amplia mayoría de los Veintisiete. No obstante, España, casi en solitario, ha mostrado su oposición. "Estamos absolutamente involucrados en la lucha contra la inmigración irregular, pero debe desarrollarse dentro del respeto a los derechos humanos", defendió Fernando Grande-Marlaska.

El ministro español argumentó la negativa de su gobierno a un asunto de ética: "Las cuestiones de valores son una línea roja para nosotros”, resaltó antes del debate público, donde mantuvo una postura "concreta, seria, razonada y sostenida en el tiempo". "No se trata de estar solos o acompañados", subrayó la voz y el voto de España en el consejo europeo.

Todos los diarios destacan que la decisión de la UE marca un punto de inflexión en la estrategia de retornos y control migratorio. Por primera vez, se sientan las bases para la creación de centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario y la posibilidad de devolver al inmigrante ilegal a un país tercero distinto del país de origen.

Esta segunda norma sería posible siempre que exista un convenio bilateral o un acuerdo a nivel comunitario, así que podrá ser utilizado por los gobiernos interesados y descartado por aquellos que no quieran acogerse, lo que se conoce como "modelo de geometría variable".

Los ministros también aprobaron el listado de países terceros seguros, que permitirá a los estados miembros trasladar a inmigrantes a países extracomunitarios para tramitar allí sus solicitudes de asilo, incluso aunque no tengan ningún vínculo con ese país ni hayan transitado por su territorio. Esta modificación supone un cambio en la protección internacional vigente hasta ahora.

Grande-Marlaska tiene "serias dudas jurídicas, políticas y económicas" sobre los centros de retorno y advierte de que podrían provocar un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con países considerados socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.

Otro de los acuerdos más controvertidos en el que permite mantener a los migrantes en detención durante un periodo de hasta dos años, prorrogable en plazos sucesivos de seis meses. España considera que este modelo equivale, en la práctica, a una detención indefinida.

Frente a la posición española, la mayoría de los gobiernos europeos sostiene que el nuevo marco legal permitirá mejorar la tasa de repatriaciones, que actualmente apenas alcanza el 20% de los casos. Para Ceuta, este nuevo reglamento europeo vendría a aliviar la crisis migratoria que la ciudad autónoma sufre de forma perenne.