El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, en el que se circunscriben los de Ceuta y Melilla, ha expresado su “profunda preocupación y malestar” por la manera en que el Ministerio de Hacienda ha decidido prorrogar, de forma inesperada, la entrada en vigor del Reglamento VERI*FACTU, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que modifica los plazos establecidos en el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre.

El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández, lamenta que esta decisión se haya comunicado “sin la previsibilidad, la coordinación ni el respeto debido hacia quienes hemos estado trabajando intensamente durante meses para que miles de autónomos, pymes y empresas andaluzas pudieran adaptarse a tiempo a un cambio normativo de enorme calado”.

“No es de recibo que, después de la ingente labor realizada desde los despachos profesionales —cientos de horas de trabajo, inversiones en formación, asesoramiento técnico, adaptación de software y preparación de procedimientos— nos encontremos con una prórroga comunicada de manera sorpresiva y sin evaluación del impacto que esta decisión tiene sobre quienes ya habían avanzado en su implantación”, declara el presidente.

El nuevo escenario normativo traslada al 1 de enero de 2027 la obligación de adaptación para las empresas que debían cumplir inicialmente a partir del 1 de enero de 2026. Asimismo, la entrada en vigor prevista para los autónomos y el resto de empresas el 1 de julio de 2026 se pospone al 1 de julio de 2027.

El Consejo Andaluz subraya que esta prórroga, aun pudiendo aportar margen adicional a quienes no habían iniciado el proceso, genera un perjuicio real para los profesionales y empresas que sí han actuado con diligencia conforme a la normativa vigente, y evidencia una falta de coordinación institucional:

“Los graduados sociales hemos sido, como siempre, la primera línea de asesoramiento y apoyo a empresas y autónomos. Hemos cumplido. Pero las reglas del juego cambian ahora con un simple anuncio en Consejo de Ministros, sin escuchar a quienes gestionamos a diario la realidad jurídica, laboral y fiscal del tejido productivo andaluz”, añade Fernández.

El Consejo Andaluz reclama al Ministerio de Hacienda una planificación seria, coordinada y dialogada, que aporte seguridad jurídica y evite que decisiones improvisadas penalicen injustamente a profesionales y contribuyentes cumplidores. Asimismo, solicita que la Administración valore mecanismos de compensación o apoyo para aquellos que ya han asumido inversiones técnicas y formativas.

El presidente concluye recordando que los Graduados Sociales seguirán desempeñando su labor con la responsabilidad habitual, pero exigen respeto institucional y certidumbre normativa.