En las aguas del Guadalquivir, donde el río se entremezcla con el salitre del Atlántico, la muerte ya no es un riesgo calculado para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil: es una ruleta rusa con balas de AK-47. El sábado pasado, en Isla Mayor (Sevilla), un policía yace en estado crítico en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, con dos impactos en el vientre y la pierna que atravesaron su chaleco antibalas.

No fue un accidente, ni un malentendido: fue un asalto premeditado por narcotraficantes atrincherados en una "guardería de droga", armados con fusiles de asalto y gritando "¡a por los perros!" mientras disparaban a bocajarro. 

En ese mismo río, donde el narco ha convertido las marismas en su autopista privada, los agentes del GRECO (Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado) se enfrentaron a una superioridad de fuego que recuerda más a un escenario de guerra civil que a una operación antidroga en suelo europeo. Este no es un episodio aislado, sino el clímax de una escalada de violencia que el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha permitido que se desboquee por pura inacción. 

En Andalucía, los guardias civiles sufren casi una agresión al día: casi 300 en 2025, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), muchas de ellas con armas de guerra que los narcos importan con la misma facilidad con la que descargan fardos de hachis y cocaína. 

De los tiroteos en el Guadalquivir a los atropellos en Barbate –donde dos agentes murieron embestidos por una narcolancha en febrero de 2024–, pasando por las amenazas a familias de policías en Sanlúcar de Barrameda, con pintadas como "Viva los narcos. Fuera Policía" en colegios y envenenamientos de mascotas, el mensaje es claro: el Estado ha perdido la soberanía en su propio territorio. En La Línea de la Concepción los alijos son constantes 'gomones y gomitas' (en argot policial) llegan, cargan, descargan de manera descarada sin que haya medios coordinados de las Fuerzas de Seguridad para su freno.

Y mientras los clanes se blindan con arsenales que incluyen subfusiles Skorpion y rifles de precisión –incautados en operaciones como la de La Puebla del Río, donde se hallaron junto a toneladas de coca–, ¿qué ofrece el Ministerio del Interior? Embarcaciones "envejecidas" de más de 20 años, cuando su vida útil es de 15; vehículos deteriorados que no resisten un impacto; y una flota marítima tan obsoleta que, en 2018, los agentes ya recurrían a narcolanchas incautadas para "luchar en igualdad de condiciones". 

La Guardia Civil, que carga con el grueso de la lucha en el Estrecho y el Guadalquivir, patrulla con zódiacs desarmados frente a lanchas de 900 caballos y tripulaciones armadas hasta los dientes. "Es un coladero", resume un informe interno del cuerpo, que denuncia la "inferioridad absoluta" en medios humanos y materiales. 

La gota que colma el vaso es la disolución en 2022 del OCON-Sur, la unidad de élite contra el narcotráfico que, en cuatro años, desmanteló redes enteras y multiplicó incautaciones. Marlaska la liquidó pese a las advertencias de la Guardia Civil, argumentando "eficiencias" que, en la práctica, se traducen en un 3,8% menos detenciones en 2024 y un "incremento exponencial" de armas en manos de los clanes. 

Hoy, el precio de la cocaína en el mercado negro ha caído a 12.000 euros el kilo –de 30.000 en 2016–, no por escasez, sino porque entra tanta droga que satura el suministro. Los narcos, crecidos por la impunidad, no solo defienden alijos: extorsionan a agentes, persiguen a sus hijos y exhiben su poderío en vídeos virales, como el de Huelva donde posan con fusiles de asalto. 

Esta no es solo una crisis de seguridad: es un fracaso político mayúsculo. Marlaska, que se pavonea en ruedas de prensa con balances triunfalistas –como las 50 toneladas incautadas en el litoral andaluz–, ignora las voces de sus propios sindicatos. La AUGC denuncia una "pasividad obsesiva por silenciar la realidad", mientras Jucil y el PP exigen en el Congreso la vuelta del OCON y más recursos: protocolos nuevos, chalecos que resistan balas de guerra, helicópteros operativos y, sobre todo, personal suficiente para cubrir 8.000 kilómetros de costa vulnerable, por su parte VOX endurece aún más sus exigencias frente al narcoterrorismo. Pero el ministro prefiere discursos: "Estamos ganando la batalla", dice, mientras un agente sangra en Sevilla por chalecos que fallan y unidades desmanteladas.

La Guardia Civil y la Policía Nacional no son superhéroes; son funcionarios que merecen herramientas dignas para no morir en el cumplimiento del deber. El último episodio en Toledo cuando los GEO tuvieron que responder al fuego de los narcos ayer mismo. 

Reconocer la profesión de riesgo, como se hace con policías autonómicas, no es un capricho: es justicia. Y si Marlaska no actúa, que dimita. Porque mientras el narco tire a matar, el Ministerio del Interior no protege a España: la abandona. Es hora de que el Gobierno deje de ser el mejor aliado involuntario de los clanes y se convierta, de una vez, en su verdugo.