Comisión no Islámica: 2.506.520,00 euros en 8 años (2018 – 2025)
Al gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta no le tiembla la mano para abrir la caja pública con el fin de saciar el ansia depredadora de la Comisión no Islámica
Un convenio oscuro que pese a estar firmado, no figura en sitio institucional
Ceuta es la única ciudad de España que en paralelo al Estado concede subvenciones a una entidad que no realiza ninguna actividad en la ciudad
2.506,522 euros de dinero público mediante subvención directa desde 2020 hasta hoy sin ningún tipo de contraprestación
Acoha exige la nulidad inmediata de este convenio porque no beneficia a la comunidad. Es un acuerdo viciado, diseñado para enriquecer a intermediarios, ahondar la dependencia de las instituciones y socavar la confianza pública
El Gobierno de Ceuta lo ha vuelto a hacer: regalar dinero público como quien reparte caramelos a la puerta de un colegio. Como si no fuera suficiente, hace unos días anunció, por tercera vez en lo que va de año, que concedía por adelantado el “premio gordo”: 350.000 euros a la Comisión no Islámica (CnI) para supuestos gastos de reparación, acondicionamiento y equipamiento de mezquitas de la ciudad -sin mencionar cuáles-, a ejecutar con la presumible “coordinación de la CnI”. Una comisión de dudosa credibilidad, menos de utilidad bajo el pretexto de unas mejoras que nunca se concretan.
Se trata de una asignación económica con tintes de primicia selectiva, en formato convenio, para los dos meses restantes de 2025, y como si supiera a poco, con previsión de una nueva y sustanciosa cuantía para 2026.
El Gobierno de Ceuta tiene una conocida inclinación a “hacer amigos”, pero querer colar este convenio como algo legítimo no convence a nadie.
El convenio de colaboración suscrito con esa fantasmagórica CnI, inexistente en la página oficial ni en el Portal de Transparencia del propio Consistorio, carece de fundamento en su contenido, forma y objeto. Las mezquitas supuestamente beneficiarias no mantienen relación alguna con la comisión, más allá de la mera inscripción de las mezquitas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Nada las vincula con la CnI.
En Ceuta existen cerca de 70 asociaciones religiosas que se identifican como de “esencia musulmana”. Muchas de ellas utilizan las mezquitas y otros puntos de rezo como domicilio social para transmitir y reforzar su imagen de gestores de lugares de culto, cuando en realidad no hay nada de eso, pues de tal menester se encarga íntegramente Marruecos. La utilización de las mezquitas como domicilio social viene de lejos. Marruecos empieza a preocuparse por esta situación y va a iniciar indagaciones al respecto ante el Ministerio de Justicia. Se dan casos de entidades que perciben grandes cantidades de dinero de la Ciudad Autónoma en base a su declaración domiciliaria en lugar de culto. Sin embargo, el templo utilizado como argumento para solicitar la ayuda no percibe ni un céntimo.
Las competencias reales de la gestión, mantenimiento, conservación, pagos de salarios, etcétera, de todos los puntos de rezo en Ceuta están a cargo de Marruecos. En este último año Marruecos ha destino cerca de 1 ,5 millones de euros anuales a sufragar lugares de culto en la ciudad.
Sin embargo, el gobierno de Vivas insiste en asignar recursos públicos a quienes no tienen legitimidad ni atribuciones sobre las mezquitas de Ceuta, concediendo fondos que terminan diluyéndose en una red de comisiones y favores cruzados
Toda esta realidad fue ratificada en 2018 por el entonces ministro portavoz marroquí, Mustafa Jalfi, quien afirmó que Marruecos paga “históricamente” a los imames de la Ciudad, desde los residentes hasta los que se desplazan semanalmente desde Tetuán a Ceuta y desde Nador en el caso de Melilla, incluidos los almuédanos que llaman a la oración cinco veces al día. En total, 105 sueldos mensuales, además de los gastos de reparación y mantenimiento, mobiliario, electricidad, agua, etc.
Nos hemos puesto en contacto con el Mandub (Responsable delegado de las mezquitas en la provincia de Tetuán, a las que están adscritas las mezquitas de Ceuta). El alto responsable confirma que no tienen conocimiento de ninguna aportación dineraria ni en especie para las mezquitas de Ceuta de ninguna entidad religiosa ceutí ni peninsular. Ahí queda eso.
La incongruencia del Ejecutivo ceutí con la CnI roza ya lo grotesco, acumulando peligrosos puntos en su palmarés. Solo este año le ha adjudicado dos ayudas adicionales: 150.000 euros en junio, subvención solicitada por el diputado Navil Rahal, ex socialista y ahora en el grupo de no adscritos. Resulta relevante que un diputado de la Asamblea solicite ayuda económica para lugares de culto y que transcurridos 4 meses las mezquitas no hayan recibido absolutamente nada. Rahal expuso a sus más cercanos que destinaría unos 60.000 de los 150.000 a la adquisición de alfombras. Está claro que volando no vendrán. A día de hoy ninguna mezquita recibió ninguna alfombra. Nada dijo del destino de los 90.000@ restantes. Hay que decir que en las mezquitas se usa mayoritariamente moqueta. 150.000€ que nadie sabe a dónde fueron a parar. El Ejecutivo ceutí adolece de falta de rigor en muchas de sus facetas. Una de ellas es que concede dinero público sin obligar a su justificación. Algo impensable en una administración seria y responsable.
No ha finalizado el año y la Comisión no Islámica se va a embolsar 640.000 euros de dinero público en 2025, sin contraprestación ni control alguno. Una cifra exorbitante para una entidad cuya utilidad real en Ceuta es más que dudosa. El ansia depredador de la Comisión no Islámica dio con un filón en Ceuta.
La realidad es que la Comisión no Islámica ni pincha ni corta en las mezquitas de Ceuta. Este convenio parece una estrategia más para que la Comisión se enriquezca y poco o nada llegue a quien debería llegar
La Ciudad dispone cada año de una convocatoria de subvenciones para la rehabilitación y mejora de los lugares de culto de todas las confesiones religiosas, en la que las propias mezquitas pueden participar directamente sin intermediarios de por medio. En concurrencia competitiva, todas las confesiones que reúnan los requisitos y justifiquen la necesidad podrán optar a ellas. Sin embargo, este convenio ignora esos procedimientos para favorecer a un intermediario innecesario. Eso no es gestión pública: es trato de favor.
Se hace necesario exigir se declare nulo el convenio. Es vergonzoso, así como que es un coladero de fraude económico. Solo busca favoritismo y exclusión de otras confesiones.
Seguirá
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