"Las deficiencias estructurales" del CEIP Príncipe Felipe, "el riesgo inminente de desprendimiento de la fachada" del CEIP Maestro José Acosta o "el sinfín de carencias" del Centro de Educación Especial San Antonio son algunas de las numerosas quejas que han sido trasladadas al Ejecutivo por parte del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en relación al mantenimiento de los centros educativos ceutíes.

Los localistas vuelven a insistir en que lo ocurrido en el CEIP Ramón y Cajal “no es una situación sobrevenida” debido a que la mayoría de los colegios e institutos ceutíes se encuentran en edificios antiguos de más de 80 años, acumulando durante décadas “deficiencias que han sido parcheadas como modus operandi del Ejecutivo y el Ministerio de Educación” y que recuerdan que “la comunidad educativa no puede seguir siendo víctima de la irresponsabilidad y descoordinación entre administraciones”.

Por este motivo, en la próxima sesión resolutiva del Pleno de la Asamblea, la formación va a proponer la elaboración de un estudio integral de forma coordinada entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Educación que refleje el estado de las infraestructuras escolares de todos los centros de la ciudad.

“El objetivo es identificar los daños y deficiencias acumuladas así como las necesidades que se puedan derivar en cada uno de los centros, así como elaborar un calendario con plazos reales para abordar las actuaciones que se estimen convenientes sin perturbar la vida diaria de la comunidad educativa”, defienden desde la formación, que solicita que en este estudio se defina también “la responsabilidad que le corresponde a cada Administración”.

“No se pueden consentir más actuaciones improvisadas y sin planificación alguna, como las del CEIP Ramón y Cajal, donde se ha obstaculizado la conciliación laboral de numerosas familias que tienen que partirse a diario para llevar a sus hijos hasta a tres centros educativos distintos y sin saber hasta cuánto tiempo van a tener que estar así”, explican los localistas.

Desde el MDyC, insisten en la necesidad de que ambas administraciones “depuren responsabilidades en vez de excusas” y cuenten en todo momento con los informes actualizados sobre la situación de cada centro de la ciudad, a fin de garantizar a familias, alumnado y profesorado que los espacios educativos sean seguros.