Domingo, 19 de Octubre de 2025

Actualizada Domingo, 19 de Octubre de 2025 a las 14:08:15 horas

Antonio Palomar García
Domingo, 19 de Octubre de 2025

Sandra

Convendrán conmigo en que, si  a un centro educativo se le va de las manos la vida de un alumno por asuntos ligados a la propia dinámica del centro, es que algo no se ha hecho bien o, sencillamente, algo no se ha hecho.

 

El problema se agrava cuando lo que no se hace, es porque los centros no pueden ir más allá de lo que permite la legislación que acompaña al propio sistema educativo. Un sistema educativo y una legislación que, en España, han ido cambiando de legislatura en legislatura, de gobierno en gobierno incapaces de poner de acuerdo al común de los partidos políticos que, movidos siempre por su interés ideológico, trataron siempre de arrimar el ascua a su sardina.

 

No sé ya por cuál sistema vamos, pero todos han puesto su granito de arena para ir privando de autoridad al profesorado, frente a un alumnado cada vez más crecido frente a los miembros del claustro escolar. Si a eso le suman el cambio de actitud en demasiados padres, desacreditando la figura del profesor en favor de la supuesta condición angelical del alumno, todo ello sumado y bendecido por el sistema y las leyes que lo configuran, dan como resultado la pócima perfecta para que el veneno de la inutilidad invalide nuestro sistema educativo actual, y esa invalidación devenga en pro de algo que facilite que vuelvan la cosas a su sitio.

 

Díganme si no es inútil un sistema educativo que permite que una niña de 14 años decidiera marcharse, suicidándose, porque no se  hizo apenas nada por evitarlo. Porque hacer algo podría haber significado la expulsión de quienes, con su comportamiento, empujaron a Sandra al vacío. Pero, claro, eso hubiese supuesto para el equipo directivo un lío de papeles y, quién sabe, si de alguna que otra denuncia contra un centro que, además, era concertado (con todo lo que ello pueda suponer para este tipo de centros). 

 

Demasiados intereses en juego de demasiados implicados. Los mismos que se hubieran evitado si la Ley no hubiera dejado de responder al sentido común, el que dice que en un centro educativo el criterio y la última palabra debe ser siempre el de la dirección, por encima de alumnos excesivamente consentidos y amparados por un sistema y unos padres que desvarían en su desarrollo uno, en su verdadero papel los otros.

 

Se podrá argüir que no todo el alumnado es igual, que el perfil del alumno español no es ajeno al sentido de la responsabilidad y al respeto hacia los demás, que la educación recibida en el seno familiar suele ser la deseable, y que son casos puntuales los que responden al alumnado referido en los párrafos previos. Y es cierto, pero por esa razón la aplicación de un sistema más riguroso, con la devolución al docente de la autoridad que nunca debió perder, no debe ser motivo de preocupación ni para estos alumnos, seguramente los primeros interesados, ni para los padres, precisamente, para su propia tranquilidad.

 

Nos hemos jugado y hemos perdido la vida de Sandra, porque algunos creyeron que el bulling se cura, en vez de prevenirlo desde la firmeza en la persuasión instalada en el núcleo de  un sistema educativo, ese que lo único que ha demostrado en tantos años de democracia, es la cobardía de los responsables a la hora de diseñarlo, para que el simple hecho de ir a un colegio no suponga bajo ningún concepto, para ningún chaval engendrar en su mente el horrible planteamiento de quitarse la vida.

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