Las élites o grupos de poder, los "influencer" de siempre, aquéllos que controlan los hilos de la sociedad e instituciones, acostumbran a ejercer su perniciosa influencia al prodigarse contra según quien, en actuaciones y conductas de todo tipo.

Hemos observado con perplejidad la campaña de "El Faro de Ceuta" de descrédito contra Javier Guerrero, con una saña impropia de la habitual conducta personal de su propietario, Rafael Montero, a no ser que la subvención de un millón de euros que recibe de Juan Vivas obre "milagros" para aniquilar de manera inmisericorde a una persona y protagonizar una cacería verdaderamente descomunal que tuvo como "premio" de facto, el nombramiento posterior como director de la televisión pública de Gonzalo Testa, (a 80.000 euros de sueldo anual por su designación a dedo) como mullidor del diario fustigamiento y escarnio público correspondiente, mezclando información y opinión como aberración periodística en sus escritos, -a la vez que contando como "suministro "con las reiteradas filtraciones del juzgado sin respetar la presunción de inocencia ni la tutela judicial efectiva-, lo que supuso un espectáculo denigrante, vergonzoso y que nos llenó de estupor por la inquina utilizada en "la misión" impune de destrucción personal.

Ahora, el propio Faro de Ceuta, a través de su directora, Carmen Echarri, se ha superado en cuestión de anomalías periodísticas: publica la reseña de una información de tribunales, sin mencionar en el relato, a los condenados como si la noticia requiriera el anonimato como fórmula periodística de descripción para ocultar nombres y apellidos conocidos, dejando a modo de acertijo para el lector la identidad de las tres personas que se permitieron de hacer un movimiento de tierras en zona militar sin encomendarse a nadie y para disponer de un terreno para sus negocietes. Hete ahí que sorprendidos, resulta que son llevados al Juzgado de lo Penal número 1 por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación, quienes aceptaron la condena reconociendo los hechos a toro pasado una vez descubiertos: en una zona considerada de seguridad en Garcia Aldave donde realizaron un talado de árboles (atentado medioambiental flagrante) y "movimiento de tierras, así como un camino paralelo sin disponer de permiso ni licencia de obra". También realizaron un aplanamiento de dos mil metros en una zona ecológica dentro de la Red Natura 2000.

Poco les importó a las tres personas condenadas (y ocultadas en el anonimato periodístico) la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, relativa a la conservación de los hábitat naturales así como de la flora y fauna silvestres. Las penas fueron de 9 meses de prisión y 6 meses de multa con cuota de 3 euros diarios por el delito contra la ordenación del territorio y 45 días de multa con cuota de 3 euros diarios por un delito de usurpación. Y lo más sorprende, llega ahora: Se acordó la SUSPENSION de las penas, con la advertencia de que en 3 meses han de presentar el proyecto para reponer el terreno al estado anterior a la obra. O sea, se roba y como se reconoce el robo y se devuelve lo robado, NO HAY PENA. Así da gusto tener sentencias tan beneficiosas que se suspenden sobre la marcha, tras ponerlas, y así también, se desinforma en un periódico subvencionado por el Gobierno de Vivas con un "pastizal" de un millón de euros, para que, según interese, se cometa la aberración -señora directora-, de ocultar, omitir, silenciar, la identidad de los tres condenados, como si los culpables de un hecho ecológico grave fueran anónimos. Y no lo son: dos de ellos, son familiares muy próximos a un señor que recibe para su asociación nada menos que un millón de euros de Juan Vivas, y se ha debido convenir que no era prudente hacer públicos,(identidad de su hijo y nuera) no ya sus nombres sino tampoco sus siglas, no se identificaran y había que cuidar el buen nombre de unos delincuentes de cuello blanco, "atrapados" en un ilícito penal cuando creían que todo el monte era orégano.

Nos deja perplejos también esa anulación de sentencias, tal aleatoria, sin explicación alguna en la información de los delincuentes anónimos, como si la Justicia quisiera darle la razón a Pedro Pacheco cuando dijo que era un cachondeo y, recientemente, apostilló que en la actualidad es mucho peor.

Lo cierto es que el Decano de la prensa local nos priva de conocer la identidad de los infractores, condenados y, posteriormente, en situación de no penados en un relato donde se describen muchos detalles menos la identidad de quienes protagonizaron la autoría de los hechos motivo de enjuiciamiento. Una forma de desinformación intencionada y perversa, que descalifica cualquier principio periodístico que se precie. Y demuestra una cobardía y complicidad para ocultar lo que debe ser público y notorio.

El exalcalde de Jerez y exdirigente andalucista afirma que en el caso de los ERES" ha supuesto la mayor malversación pública de Andalucía y la historia". De ahí que le llevó a declarar: "Dije en su día que la justicia es un cachondeo y me reafirmo; ahora es peor". Pacheco fue crítico en su momento por la suspensión del derribo del chalé de Bertín Osborne por la decisión judicial que anuló lo que había decretado el Consistorio. Siempre quedó un halo de tufillo sobre los poderes del "establishment" cuando de por medio hay personajes influyentes. El caso que nos ocupa, del anonimato de condenados por sus actuaciones medioambientales en García Aldave, es un supuesto que refleja cómo se ocultan identidades cuando interesa o se aconsejan no vilipendiarles periodísticamente. En esta ocasión contando con la complicidad de un "periódico" al servicio de intereses espurios y renunciando a los tradicionales valores periodísticos. En este caso, omitieron una de las "5 W" interrogantes del periodismo anglosajón: el Quién (Who). Son la base para obtener y estructurar la información clave de una noticia de manera concisa y completa.  Ese día Carmen Echarri, no debió ir a clase.