El acuerdo agrícola con Marruecos y el Sáhara Occidental revela cómo la UE ignora la justicia, prioriza intereses económicos y encarna la corrupción institucional que el filósofo griego denunció hace más de dos mil años.

1. Aristóteles y la justicia: marco conceptual

En su Ética a Nicómaco, Aristóteles define la justicia como el equilibrio que asegura el bien común y la vida virtuosa. Distingue dos dimensiones fundamentales:

Justicia distributiva: asigna bienes, honores y responsabilidades de manera proporcional al mérito y a la necesidad de cada individuo.

Justicia correctiva: restaura la igualdad cuando se ha producido un daño o un desequilibrio, corrigiendo la injusticia.

Para Aristóteles, la ley no es un fin en sí misma, sino un instrumento moral y político. Ignorarla deliberadamente, o manipularla para favorecer intereses particulares, constituye corrupción y degeneración del poder. En otras palabras, una institución que persiste en violar la justicia deja de ser legítima y se acerca a lo que hoy llamaríamos criminalidad institucionalizada.

2. Hechos recientes: el acuerdo UE-Marruecos y el Sáhara Occidental

2024: el Tribunal de Justicia de la UE declara inválidos acuerdos comerciales previos que incluían productos provenientes del Sáhara Occidental. La razón: los acuerdos no contaban con el consentimiento del pueblo saharaui, reconocido por la ONU como el legítimo representante del territorio.

Octubre 2025: el COREPER y la Comisión Europea aprueban un nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que mantiene la inclusión de productos saharauis, ignorando deliberadamente la sentencia.

Estrategia retórica: en lugar de mencionar explícitamente al Sáhara Occidental, el acuerdo utiliza la ambigua expresión “región de origen”, que busca simular legalidad mientras se perpetúa la explotación.

El resultado: una institución que se proclama garante de la ley y los derechos humanos actúa en contra de ambos, priorizando intereses económicos y geopolíticos sobre la justicia.

3. Análisis filosófico y aristotélico

3.1 Violación de la justicia correctiva

La sentencia del Tribunal de Justicia era un mecanismo de reparación: debía restituir la igualdad entre el pueblo saharaui y quienes explotan sus recursos. Ignorarla significa perpetuar la injusticia, un acto que Aristóteles calificaría como injusticia deliberada, la forma más grave de corrupción política.

3.2 Corrupción institucional y desviación de la finalidad del Estado

Según Aristóteles, los gobiernos virtuosos buscan el bien común; los degenerados, el interés privado o de unos pocos. La UE, al actuar en favor de lobbies agrícolas y estratégicos, se aproxima a un sistema degenerado, donde las instituciones se subordinan a intereses particulares y no al bien común.

3.3 Apariencia de legalidad vs. justicia real

El uso de eufemismos legales —“región de origen” en lugar de Sáhara Occidental— ejemplifica lo que Aristóteles llamaba sofistería política, cuando la ley se utiliza para disfrazar injusticia. Esta estrategia permite a la UE mantener la apariencia de legalidad mientras viola los principios fundamentales de equidad y derecho internacional.

4. Contexto histórico y comparativo

La práctica de ignorar la ley formal mientras se persigue un interés particular no es nueva:

En la Europa medieval, reyes y señores violaban leyes consuetudinarias mientras invocaban decretos formales para legitimar sus acciones.

En tiempos modernos, múltiples Estados europeos han incumplido tratados internacionales por conveniencia política o económica, desde conflictos fronterizos hasta acuerdos comerciales.

El patrón se repite: la forma legal no garantiza justicia sustantiva. El caso del Sáhara Occidental demuestra que incluso instituciones altamente estructuradas, como la UE, pueden reproducir estos errores históricos.

5. Impacto económico y geopolítico

Beneficiarios directos: exportadores agrícolas marroquíes y mercados europeos que obtienen ventajas competitivas.

Perjudicados: el pueblo saharaui, cuyas tierras y recursos son explotados sin compensación ni consentimiento.

Geopolítica: la UE asegura estabilidad en sus relaciones con Marruecos y acceso a recursos estratégicos, sacrificando principios de autodeterminación y justicia internacional.

Este desequilibrio evidencia que los intereses económicos se anteponen deliberadamente a los derechos humanos y la ley, cumpliendo los criterios de corrupción institucional que Aristóteles describió hace más de dos mil años.

6. Opiniones de expertos y voces internacionales

Juristas de derecho internacional señalan que ignorar sentencias del Tribunal de Justicia de la UE “socava la credibilidad de la Unión como garante de normas y derechos”.

Analistas políticos advierten que esta práctica puede sentar un precedente peligroso: otros Estados o empresas podrían interpretar que los fallos judiciales son opcionales si afectan intereses estratégicos.

Defensores saharauis denuncian que la UE se convierte en un actor activo en la explotación, al mantener un marco legal que legitima hechos que la justicia internacional había declarado ilegítimos.

7. Reflexión ética: el bien común y la autodeterminación

Aristóteles enseñaba que la justicia no puede separarse de la ética y la política: ninguna ley es verdadera si no busca el bien común.

El acuerdo UE-Marruecos sacrifica los derechos y la autodeterminación del pueblo saharaui, mostrando que incluso instituciones complejas y democráticas pueden actuar como entidades criminales desde el punto de vista ético y filosófico.

8. Conclusión: la Unión Europea criminalizada según Aristóteles

El comportamiento de la UE cumple criterios claros de criminalidad institucional:

1. Violación deliberada de la justicia correctiva → ignorancia de sentencias judiciales que buscaban reparar injusticias.

2. Corrupción institucional → priorización de intereses económicos y estratégicos sobre el bien común.

3. Engaño consciente → apariencia de legalidad que encubre la injusticia real.

En términos aristotélicos, la Unión Europea actúa como criminal contra Aristóteles, subordinando la ley y la ética a la conveniencia y al beneficio de unos pocos.

Este caso debería servir como alerta: ninguna institución puede proclamarse garante de justicia si ignora deliberadamente sus propios principios y los derechos fundamentales de los pueblos que gobierna o con los que interactúa.