La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), tras la jornada de trabajo celebrada el pasado 23 de septiembre junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha trasladado al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública la necesidad de eliminar de manera inmediata la autorización previa de la Delegación del Gobierno para operaciones de compra, hipoteca y ejecución de obras en la ciudad de Ceuta. 

Esta autorización se deriva de una ley preconstitucional, la Ley 8/1975, y el posterior Reglamento de Ejecución, una norma de hace más de 35 años. La constitucionalidad de esta traba administrativa no es la primera vez que se pone en entredicho, tal y como recogen dictámenes como la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2017, en el que se plantea la vulneración del principio constitucional de igualdad (artículo 14 de la C.E.). 

Este requisito, que no existe en ningún otro territorio de España, excepto en Melilla, constituye una traba administrativa que ralentiza la actividad económica, grava injustamente la burocracia para empresas, autónomos y ciudadanos, y sitúa a Ceuta en una posición de clara desventaja frente al resto del país. Su mantenimiento perpetúa una discriminación institucional que obstaculiza la inversión, el emprendimiento y la competitividad local. 

La CECE ha trasladado esta reivindicación al Ministerio como una de las prioridades urgentes para que la Administración General del Estado alivie la carga burocrática de los ciudadanos de Ceuta y mejore el entorno económico de la ciudad.