El Grupo Parlamentario Popular recalca que “la regulación responsable de una pasarela al RETA es una exigencia de protección social que el Gobierno ha ignorado de manera reiterada y que, desde el GPP, queremos abordar con seriedad y compromiso”, han dicho hoy los populares en un comunicado. 

El Grupo Popular señala que “es obligación de los poderes públicos trabajar para alcanzar acuerdos que mejoren y consoliden nuestro modelo de protección social, especialmente para atender a quienes se encuentren en situaciones de necesidad, como exige la Constitución”. Por ello, afirma que “es, sobre todo, una obligación del Gobierno de España, de quien dependen los organismos que cuentan con la información, los datos y los medios necesarios para hacerlo”. 

El GPP denuncia asimismo que “la ministra Saiz lleva muchos meses ignorando y engañando a los mutualistas y a los grupos parlamentarios”, dado que “hace ya un año se comprometió a alcanzar un acuerdo”. 

“Desde el Partido Popular hemos exigido este Pacto desde hace mucho tiempo: lo incorporamos a nuestro programa electoral en 2023, logramos que el Pleno del Congreso aprobase una Proposición no de Ley en abril de 2024, y hemos exigido al Gobierno que nos remitiese la información y los datos necesarios para poder avanzar en una solución seria, pero el Gobierno siempre ha ignorado a todos”, lamenta.

“Desde el Partido Popular queremos ayudar a dar una respuesta seria y responsable a los profesionales colegiados que estén o hayan estado incluidos en alguna de estas mutualidades de previsión social alternativas al RETA y que obligatoriamente debieron incorporarse a estas”, manifiesta, al tiempo que recuerda que “hasta finales de la década de los 90, determinados profesionales liberales no tenían opción de darse de alta en el RETA ya que su incorporación a una mutualidad era, hasta ese momento, su único mecanismo de previsión social”. 

ENMIENDAS DEL GPP 

Por ello, el Grupo Popular considera que “el tiempo en el que obligatoriamente debían estar integrados en este sistema debe considerarse como tiempo de afiliación y alta al RETA a efectos del cálculo de la pensión de jubilación”. “Los sucesivos cambios normativos han podido generar perjuicios a los mutualistas alternativos, cuyas situaciones, muy diversas, deben atenderse de forma individualizada”, enfatiza. 

A través de las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley del PSOE, el GPP mantiene el régimen de alternatividad, previsto en la disposición adicional 18ª de la Ley General de la Seguridad Social. En concreto, “reforzamos la transparencia, supervisión y control de las mutualidades, mejorando la cobertura que ofrecen a los mutualistas, y garantizamos la viabilidad del modelo, con un incremento progresivo de las cuotas hasta 2028, cuando alcanzarán el 100% de la cuota mínima del RETA en función de los rendimientos netos”. 

El Grupo Popular hace hincapié en que “la pasarela al RETA debe diseñarse con rigor, datos verificables y transparentes y con un estudio detallado de las situaciones que pueden darse”. Por ello, “vinculamos el desarrollo reglamentario al acuerdo vinculante previo en el marco del Pacto de Toledo, con toda la información necesaria, en el plazo máximo de seis meses”. 

Además, “el Gobierno deberá remitir a la Comisión información completa sobre, entre otros, el número de personas afectadas, con desglose por colectivos y mutualidades, el impacto económico de las distintas fórmulas de integración en la sostenibilidad del sistema, los estudios técnicos y actuariales disponibles, así como los que sea necesarios para el diseño de mecanismos específicos para atender situaciones de vulnerabilidad acreditada”. 

“La pasarela que se configure reglamentariamente supondrá que la integración al RETA se hace en igualdad de derechos y obligaciones y garantizando plena seguridad jurídica y administrativa”, remarca el Grupo Popular, quien advierte de que “el Gobierno no debe seguir impidiendo este acuerdo, sino que debe, de una vez, permitir dar una respuesta real y seria”. 

RECLAMA AL GOBIERNO RESPETO AL TRÁMITE PARLAMENTARIO 

Y lo debe hacer, resalta, “respetando el trámite parlamentario, sin escudarse en Proposiciones de ley de su grupo parlamentario que hurtan al resto de los informes preceptivos necesarios, así como de las memorias de impacto precisas para analizar y consensuar las materias”. 

Lo debe hacer igualmente “instando y facilitando cuantas comparecencias de expertos y afectados sean oportunas; impulsando que se alcance el acuerdo preceptivo en el Pacto de Toledo y dando las soluciones, datos e información determinantes para diseñar la pasarela y que no se recogen en la proposición de ley”. 

Ejemplo de esto último es “el procedimiento administrativo que se empleará, criterios específicos para la fijación de los coeficientes, la forma en la que se convertirán los derechos ya generados de los mutualistas (como, por ejemplo, los relativos a la carrera laboral), cómo afectará la pasarela a otras prestaciones en curso diferentes a la jubilación, qué ocurrirá con las aportaciones a las mutualidades que superan las bases mínimas del RETA o qué ocurrirá con el capital ahorrado y sus rentabilidades y el marco temporal de beneficiarios”. 

“La solución no puede esperar y el Gobierno no debe impedir que esta se alcance”, manifiesta el GPP, quien se muestra “convencido de que es posible”.