El miércoles de la semana pasada, el CEIP Ramón y Cajal quedaba clausurado por la Dirección Provincial del MEFP, “hasta nueva orden”. Familias, profesorado y opinión, recibieron la noticia con la perplejidad propia de quien no concibe tan inexplicable quiebra de la cotidianidad. Sin embargo, la sorpresa no es tal para quien se haya tomado la molestia, alguna vez (y por cualquier motivo), de analizar como ejecuta el Gobierno de la Ciudad su competencia de “mantenimiento y conservación de los colegios de primaria” (inicialmente de aquellos que son propiedad de la Ciudad y, posteriormente, por decisión de la Ciudad, de todos). El Gobierno de la Ciudad, dirigido por el mismo partido y la misma persona durante los últimos veinte años, ha dado sobradas muestras de no tener el más mínimo interés por la educación. Agarrados como un náufrago a su débil tabla de salvación (“no es nuestra competencia”), se han negado sistemáticamente a invertir en la mejora de la calidad de la enseñanza. Lo que ha sucedido es un claro, muy claro, ejemplo. Con el agravante, no menor, de que en esta ocasión sí se trata de un asunto de su competencia. Un dato muy simple puede ayudar a entender esta negligencia voluntaria y culpable. En los presupuestos de la Ciudad para 2025, figura en la partida 22799 3230 012 CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES 300.000,00 €. Unos renglones más abajo, y en la misma consejería, aparece esta otra partida 48025 3342 012 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO PROFESIONAL EN CEUTA 350.000,00 €. Que cada cual saque sus conclusiones.

La inevitable consecuencia de esta intolerable dejación de funciones, es que todos los colegios de Ceuta presentan un estado de conservación más que lamentable (evidentemente, no todos por igual). La red de centros de primaria supera ya el diagnóstico de obsoleta. Son construcciones muy antiguas y precarias. Desde hace más de 30 años no se construye un colegio (si exceptuamos, aquellos que fueron “adaptaciones” de otros edificios como consecuencia del convenio para la construcción de la universidad). 

A esta situación de partida tenemos que añadir la eterna y estéril polémica entre administraciones sobre donde termina el concepto mantenimiento (competencia de la Ciudad) y donde empieza la inversión nueva (competencia del MEFP). Una mezquina rivalidad para evitar asumir el coste de las obras. Uno por otro… la casa sin barrer. Así llevamos años… sin que nadie barra la casa.

El resultado de todo esto es que las carencias de los centros son tan innumerables como inocultables, aunque, evidentemente, no todas de la misma gravedad. El caso del CEIP Ramón y Cajal es que ya suponía un riesgo y una amenaza para la seguridad de las personas. Los términos “riesgo” y “amenaza” no son de cosecha propia, figuran en informes oficiales elaborados y perfectamente conocidos por las administraciones competentes desde hace al menos tres años. 

Las direcciones de los centros (hasta el agotamiento), las asociaciones de padres y madres, los sindicatos, e incluso los medios de comunicación, denuncian de manera reiterada e insistente múltiples deficiencias que nadie quiere atender. Además de estas denuncias públicas, el Gobierno dispone de informes muy precisos y detallados de las necesidades de cada centro, elaborados por los servicios técnicos de la Dirección Provincial, que son sistemáticamente obviados.

Llegado este punto, puede ser interesante detenerse en la siguiente observación.  El principal argumento con el que el Gobierno justifica la demora de las obras en los colegios, además de la intencionada escasez presupuestaria, es la complejidad, dificultad y lentitud de los procesos de contratación. Sin embargo, ellos mismos se han encargado de desmontar esta excusa con sus acciones más recientes. Cuando tienen verdadero interés en hacer una obra, actúan con una prodigiosa diligencia y celeridad. Ahí está el ejemplo del campo de futbol. En sólo mes y medio, han ejecutado una obra de seis millones de euros, incluida una declaración de emergencia. Porque piensan que el deslumbrante éxito de la AD Ceuta les va a beneficiar electoralmente. Dicho de otro modo, cuando se quiere, se puede. Y las obras en los colegios no se hacen porque no se quiere (el Gobierno tiene la percepción de que esto no les reporta votos, que es el único motor de su política). Esta es la triste (y dramática) realidad. La educación no es una prioridad para el Gobierno de la Ciudad.

Sin embargo, el indubitado hecho de que la responsabilidad directa del pésimo estado de los centros docentes de primaria sea del Gobierno de la Ciudad, no exime de responsabilidad al MEFP, que hasta ahora ha guardado un inadmisible silencio cómplice. 

El MEFP es el responsable directo y exclusivo del funcionamiento del sistema educativo, entre cuyos componentes básicos se incluye la red de centros escolares. Garantizar unas condiciones mínimas de calidad de estos centros, figura entre las obligaciones ineludibles de sus dirigentes. El debate sobre las “competencias” (un patético concurso para ver quien se puede “salvar” de culpabilidad ante la opinión) carece por completo de interés para familias, profesores y personal de servicios que viven su día a día entre desperfectos, deterioros, carencias, riesgos y amenazas. Dicho de otra manera, el MEFP no puede conformarse con “notificar” las necesidades. Tiene que exigir al Gobierno de la Ciudad, con la determinación y firmeza precisas, que cumpla con sus obligaciones, incluso interponiendo las pertinentes acciones judiciales, llegado el caso. Pero en cambio, lo que hacen, al menos hasta ahora, es dedicarse piropos mutuos al amparo de una ridícula exhibición de “lealtad institucional” puesta de moda por políticos inconsistentes (que en el fondo no es más que un cursi y remilgado eufemismo del popular adagio, “entre bomberos no nos pisemos la manguera”).

Lo que ha sucedido en el CEIP Ramón y Cajal, es, sin duda, un escándalo en toda regla que debería hacer reaccionar a las dos administraciones públicas implicadas. La puesta en marcha de un Plan Urgente de Inversiones en Centros Docentes (incluyendo las obras del Ramón y Cajal por emergencia) debería ser una prioridad política inaplazable. Aunque mucho nos tememos, visto lo visto, que cuando se apaguen los ecos mediáticos y los afectados se terminen adaptando a la excepción, todo caerá en el olvido. Y seguirán los “pobres” cargos directivos predicando en el desierto, ante la irresponsabilidad de unos, la inhibición de otros, y la vergüenza de todos.