España se encuentra ante un desafío demográfico y social de primer orden. Durante décadas, se ha impulsado un modelo de crecimiento poblacional que ignora la capacidad real del Estado para garantizar bienestar y cohesión social. Hoy, los resultados son evidentes: grandes ciudades saturadas, servicios públicos al límite y un país interior —la llamada “España vaciada”— donde los jóvenes se ven obligados a emigrar por falta de recursos y oportunidades.

Hay que decirlo con claridad: existe un proceso deliberado de suplantación demográfica. La inmigración masiva sin control, combinada con la despoblación de nuestros pueblos, está transformando lentamente la estructura social y cultural del país. Este fenómeno no puede ignorarse: la llegada de personas cada vez más difíciles de integrar genera conflictos sociales y un gasto desproporcionado en asistencia pública. España necesita un cambio radical de enfoque.

La solución no está en perseguir el mito de la España vaciada, sino en replantearlo desde la perspectiva económica y social real. Es urgente dotar de medios, servicios y oportunidades a los pueblos: educación, sanidad, empleo y conectividad. Solo así se podrá fomentar un proceso de inmigración inversa, en el que los jóvenes y las familias de las ciudades puedan trasladarse a territorios rurales revitalizados.

Paralelamente, España debe establecer un control migratorio firme, priorizando la integración efectiva y la capacidad de absorción del país. Es momento de planificar una inmigración sostenible y, donde sea necesario, iniciar procesos de reinmigración progresiva. No se trata de cerrar las puertas a la solidaridad, sino de proteger nuestra sociedad y garantizar que la cohesión social no sea sacrificada en nombre de un crecimiento desmedido.

La clave está en calidad sobre cantidad: un país más pequeño en población, pero con recursos suficientes, ciudades desahogadas y pueblos revitalizados, es la verdadera España fuerte, equilibrada y sostenible que podemos construir.