El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha acogido con satisfacción la aprobación, en la sesión plenaria de ayer en el Senado, de la moción que insta al Gobierno a adoptar medidas para regular el envío de notificaciones electrónicas por parte de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes.

La moción aprobada en la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado recoge una reivindicación histórica del colectivo, que el Consejo General de Graduados Sociales viene defendiendo desde hace años: el reconocimiento del derecho a la desconexión digital y a la conciliación familiar de los profesionales que actúan como intermediarios entre la Administración y la ciudadanía.

Entre las medidas contempladas se encuentra la prohibición de envío de notificaciones durante fines de semana y festivos salvo casos de urgencia, la fijación de un horario laboral de emisión —entre las 8:00 y las 18:00 horas—, la posibilidad de establecer días de cortesía en situaciones justificadas y la obligación de revisar los sistemas actuales de notificación para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Derechos Digitales. Asimismo, se prevé el desarrollo de protocolos internos que garanticen el cumplimiento efectivo de estas disposiciones.

El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, ha destacado que “esta decisión supone un paso muy relevante para dignificar el trabajo de los graduados sociales y de otros profesionales que soportan una presión insostenible de notificaciones continuas, muchas veces en días y horas incompatibles con el descanso y la vida personal. Reconocer este derecho básico es proteger la salud profesional, garantizar una mejor conciliación y, en definitiva, mejorar el servicio que prestamos a empresas, autónomos y ciudadanos”.

El Consejo Andaluz subraya que esta moción parlamentaria da respuesta a una situación que venía provocando colapso en numerosos despachos profesionales, obligados a atender comunicaciones a cualquier hora y sin previsión, lo que repercutía negativamente en la calidad del asesoramiento y en la eficiencia del sistema.

Con esta aprobación, se abre ahora la expectativa de que el Gobierno articule con rapidez las reformas necesarias para garantizar que la digitalización administrativa se desarrolle con equilibrio, protegiendo a los profesionales y asegurando un funcionamiento más racional y humano de los sistemas telemáticos.