Un vigilante de seguridad fue derribado y golpeado esta semana en el interior del Hospital Universitario de Ceuta, en un violento incidente que evidencia la precariedad estructural del sector de la seguridad privada en entornos críticos. Desde una perspectiva técnica y estratégica, analizo las causas profundas de esta situación y las urgentes medidas que deben tomarse.

 El contexto: agresiones en aumento y servicios desprotegidos

El caso del Hospital de Ceuta no es aislado, sino un ejemplo flagrante de una tendencia nacional. Según datos recopilados por asociaciones sectoriales, en lo que va de 2025 se ha registrado un preocupante incremento del 30% en agresiones a vigilantes de seguridad en España, especialmente en entornos sensibles como hospitales, transportes públicos y edificios administrativos. Solo en centros sanitarios, se han reportado al menos 20 incidentes graves entre físicos y verbales, aunque la cifra real podría ser mayor debido a la infranotificación.

Estos números no son casualidad: son el resultado directo de un modelo de seguridad basado en la subcontratación a bajo coste, la falta de medios y la ausencia de protocolos integrados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 Análisis técnico: las vulnerabilidades del sistema en un entorno crítico

Como consultor en seguridad con experiencia en diseño de planes de protección para infraestructuras críticas, identifico tres fallos sistémicos que el incidente de Ceuta pone de manifiesto:

1. Despersonalización y riesgo operativo extremo

El Hospital Universitario de Ceuta, como infraestructura esencial en una ciudad autónoma con desafíos logísticos y sociales únicos, requiere un dispositivo de seguridad robusto. Sin embargo, es común que los vigilantes se encuentren solitos y subequipados, sin compañero de patrulla, a pesar de que el Reglamento de Seguridad Privada recomienda el trabajo en binomio en entornos de alta complejidad y riesgo. Esta práctica, aunque no siempre obligatoria por ley, es esencial para garantizar la seguridad del trabajador y la eficacia operativa. La soledad del profesional en turno lo convierte en un blanco fácil.

1. Externalización low-cost y recorte de recursos

Las administraciones públicas, incluyendo la Consejería de Salud correspondiente, licitan servicios de seguridad con criterios centrados casi exclusivamente en el precio y no en la calidad o la adecuación al riesgo real. Esto fuerza a las empresas a recortar gastos en formación, equipos (como chalecos identificativos o radios de comunicación de calidad) y ratios de vigilantes por metro cuadrado. Un ejemplo claro: el coste mensual de un vigilante 24/7 ronda los €3.000, pero la presión por ajustar precios en las licitaciones ha llevado a que muchas empresas operen con márgenes tan estrechos que impiden cualquier inversión en protección real y disuasion, creando un círculo vicioso de baja calidad.

1. Falta de autoridad reconocida y respaldo legal efectivo

Los vigilantes carecen de autoridad para realizar desalojos forzosos en zonas públicas salvo en situaciones de riesgo inminente o bajo orden expresa de la Policía Nacional. Sin embargo, en hospitales como el de Ceuta, se les exige asumir funciones que rozan lo policial control de accesos, manejo de conflictos con pacientes o familiares alterados, protección del personal sanitario, sin la formación específica en gestión de conflictos en entornos sanitarios ni el respaldo legal y operativo inmediato de las fuerzas de seguridad.

 Consecuencias: impacto humano y operativo

La agresión en Ceuta no solo deja lesiones físicas en un profesional: genera estrés postraumático, ansiedad y miedo en toda la plantilla, compuesta por profesionales que ya trabajan en entornos de alta presión. Además, la falta de protección jurídica y psicológica por parte de las empresas contratistas agrava el problema, minando la moral y la sensación de apoyo.

Desde el punto de vista operativo, esta situación genera:

· Absentismo laboral por bajas médicas (en algunas empresas supera el 30%).

· Dificultades de contratación y alta rotación: el sector no atrae ni retiene talento debido a los bajos salarios, el alto riesgo y las condiciones precarias.

· Degradación de la seguridad global: un vigilante desmotivado, mal pagado y sin medios no puede disuadir ni actuar con eficacia, lo que ultimately perjudica la seguridad de los ciudadanos, los profesionales sanitarios y las propias instalaciones.

 Propuestas técnicas: hacia un modelo de seguridad sostenible

La solución no pasa solo por condenar la violencia, sino por un cambio de modelo. Propongo:

1. Revisión de los pliegos de contratación pública: Las administraciones deben ponderar un 60% criterios de calidad (experiencia, ratios de personal, planes de formación, equipamiento) frente a un 40% el precio. Un servicio barato sale caro en agresiones, bajas y falta de protección.

2. Refuerzo de efectivos y trabajo en equipo: Es imprescindible ampliar las dotaciones para garantizar al menos dos profesionales por turno en zonas de alto riesgo como urgencias o accesos principales, y establecer protocolos de actuación conjunta con la policía local y nacional.

3. Inversión en formación y equipamiento: Formación específica en desescalada de conflictos en entornos sanitarios y equipos de protección individual (EPIs) adecuados, como chalecos con identificación clara y sistemas de comunicación que no fallen.

4. Reconocimiento profesional y salarial: Un vigilante mejor formado, mejor equipado y con un salario que refleje su responsabilidad y riesgo, es un profesional más seguro, motivado y eficaz. Es una inversión en seguridad, no un gasto.

Conclusión: La agresión en el Hospital Universitario de Ceuta es una llamada de atención urgente. No es un incidente aislado, sino el resultado previsible de un sistema que prioriza el ahorro inmediato sobre la seguridad de las personas. Como sociedad, debemos exigir que quienes velan por nuestra seguridad en lugares esenciales estén debidamente protegidos, respaldados y valorados. La administración y las empresas de seguridad tienen la obligación de actuar antes de que se produzca el próximo incidente.

José Antonio carbonell buzzian, Consultor, Asesor y Auditor en Seguridad.