El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado en el Senado que el Grupo Socialista "se niega a garantizar el pago de las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo que benefician a más de cuatro millones de españoles en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla".

Este debate se ha producido en el marco de la tramitación de la reforma de la Ley de Navegación Aérea y de la Ley de Seguridad Aérea, dos normas esenciales para la movilidad en España que el Gobierno ha presentado tarde e incompletas, sin resolver problemas de fondo como la ciberseguridad, la transición energética, el rigor financiero ni la necesaria participación de los territorios en la planificación aeroportuaria.

El Partido Popular ha recordado que el descuento del 75 % no es un privilegio, sino un derecho reconocido por la Constitución, en su artículo 138, que obliga al Estado a atender las particularidades de la insularidad y la extrapeninsularidad. A pesar de ello, el PSOE ha llegado incluso a cuestionar “de dónde va a salir el dinero” para mantener este sistema, olvidando que la obligación del Gobierno no es buscar excusas, sino garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.

"Si el PSOE pregunta de dónde puede salir el dinero, nosotros le damos ideas, recordando que hay margen de sobra en partidas superfluas como el gasto en altos cargos y asesores, los excesos de publicidad institucional, los desplazamientos en Falcon, las vacaciones de lujo o incluso en los fondos que se han perdido en casos de corrupción como el del exministro Ábalos o las mordidas de Cerdán y su entorno", añade el PP en un comunicado.

El PP defiende que recortando privilegios y despilfarros, y actuando con transparencia y seriedad, hay recursos más que suficientes para garantizar el derecho a la movilidad de millones de españoles. Durante el debate, los populares han defendido un paquete de enmiendas que refuerzan la ciberseguridad de las infraestructuras aeroportuarias, garantizan la planificación y financiación de la descarbonización del transporte aéreo, promueven incentivos fiscales para facilitar la transición energética y aseguran el crédito extraordinario de 1.200 millones de euros que permita saldar la deuda acumulada de 2024 y cubrir de manera real el gasto previsto en 2025. Igualmente, el PP ha planteado la necesidad de que AENA consulte de manera efectiva a Comunidades y Ciudades Autónomas, así como a Cabildos y Consells, en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria, porque las decisiones estratégicas no pueden tomarse nunca a espaldas de los territorios.

El Partido Popular mantiene una posición clara y firme:  cuatro millones de ciudadanos residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda. La obligación del Gobierno es garantizar con rigor las bonificaciones, proteger la seguridad digital, impulsar la transición energética y dar voz a los territorios en la planificación aeroportuaria. Gobernar no es improvisar, es prever, cumplir y dar certezas, y el PP seguirá trabajando para que así sea.