En estos días se ha intentado descalificar la propuesta que hemos presentado para crear una Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Plenarios. Se nos ha dicho que no sabemos leer el Reglamento y que con nuestra iniciativa quitamos autoridad a la Mesa de la Asamblea. Nada más lejos de la realidad. El Reglamento de la Asamblea obliga a la Mesa a elaborar un informe bimestral sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos plenarios. Ese informe es un documento técnico y unilateral que únicamente refleja qué acuerdos están ejecutados y cuáles no. Una función necesaria, sí, pero claramente insuficiente.

Porque no es lo mismo recibir un papel cerrado que abrir un espacio político y plural de control, donde todos los grupos podamos preguntar, debatir y exigir explicaciones al Gobierno sobre por qué un acuerdo no se cumple, en qué fase se encuentra o qué obstáculos impiden su ejecución. Nuestra propuesta no resta competencias a la Mesa, al contrario, las complementa y fortalece. Los informes seguirán existiendo, pero ya no se quedarán en un cajón ni en una estadística fría, pasarán a ser objeto de un control democrático real, donde la oposición tenga voz y la ciudadanía pueda conocer la verdad sobre el grado de ejecución de los acuerdos.

Además, la Comisión de Seguimiento tendría un papel distinto al Pleno. El Pleno aprueba las iniciativas, pero no puede dedicar sesiones enteras a revisar uno por uno los acuerdos pendientes. La Comisión permitiría un trabajo específico, constante y en detalle, que complemente al Pleno y que refuerce la rendición de cuentas sin restarle competencias. No pedimos nada extraordinario. En cualquier democracia avanzada, el seguimiento de los compromisos adoptados es fundamental para sostener la confianza en las instituciones. Cada acuerdo plenario incumplido erosiona esa confianza y convierte la Asamblea en un mero escaparate. El Partido Popular y algunos de sus aliados, en lugar de aprovechar esta oportunidad para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, han optado por la descalificación. Prefieren confundir informes con control y reglamento con democracia. Y, además, tienen memoria selectiva, en la legislatura de 2011 ya existió una Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Plenarios.

La mejor prueba de esta necesidad la hemos visto esta misma semana, un diputado no adscrito, en connivencia con el PP, se amparó en un resquicio del Reglamento para presentar una enmienda a la totalidad con un fin puramente partidista, orientado a restarnos voz como oposición. Eso no es democracia, es un uso torticero del Reglamento. No es pluralidad, es una maniobra para silenciarnos. Y que nadie se confunda, el PSOE de Ceuta entiende y respeta el Reglamento, lo que no aceptamos es su manipulación interesada para frenar el debate político real. El Reglamento está para dar voz a la ciudadanía, no para callarla.