El panorama político de Ceuta siempre ha contado con figuras que marcan diferencias, que rompen inercias, que incomodan al poder establecido con su firmeza discursiva. En ese perfil se había encuadrado, sin apenas discusión, Fatima Hamed. Como líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), su papel en la Asamblea no ha sido el de la neutralidad ni de la tibieza: durante años, Hamed ha encarnado la crítica más afilada, el cuestionamiento constante a las decisiones del Gobierno de mayoría conservadora y, sobre todo, la promesa de que en política la coherencia debía imponerse a la conveniencia.

Sin embargo, los últimos acontecimientos obligan a preguntarse si esa promesa se está cumpliendo. El reciente nombramiento de Antonio Caminero, antiguo interventor, ha reabierto el debate sobre la gestión de los recursos humanos en la administración local y las posibles puertas giratorias en el seno del Gobierno autonómico. Un asunto en el que, por lógica, se esperaba la intervención crítica de Hamed… y que, paradójicamente, ha encontrado en ella un silencio tan sonoro como sorprendente.

Una voz crítica que ahora calla

Resulta necesario subrayar que la trascendencia del caso no radica únicamente en un nombramiento interno: se trata de la figura de quien fue interventor, pieza clave en los engranajes económicos de la ciudad, recolocado de manera que ha despertado suspicacias tanto dentro como fuera del hemiciclo. En otras circunstancias, Hamed probablemente habría sido la primera en poner el dedo en la llaga. El historial habla por sí sólo: denuncias sobre contrataciones, alertas sobre favoritismos, críticas reiteradas a procedimientos opacos.

Por eso, su silencio —en un momento en el que su voz tendría especial valor— es mucho más que una anécdota. Es un giro en el guion. Y de inmediato, los ceutíes se preguntan: ¿estamos ante una estrategia calculada o ante una contradicción respecto a sus principios públicos?

¿Cálculo político o renuncia discursiva?

La clave puede estar en el papel crucial que ocupa el MDyC en esta legislatura. Su apoyo resulta imprescindible para el sostenimiento del Ejecutivo del Partido Popular. En esa balanza, la crítica feroz que caracterizó a Hamed podría suponer un riesgo: el de tensar o incluso fracturar una relación política que es necesaria para sacar adelante las medidas de gobierno.

El pragmatismo, en este sentido, puede explicar la prudencia o el silencio. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿puede el electorado aceptar que la firmeza de los principios se diluya cuando la realidad parlamentaria exige alianzas? ¿Se justifica acallar la crítica en aras de la estabilidad?

Para quienes depositaron su confianza en Hamed como referente de transparencia y oposición firme al poder, este cambio puede leerse como un desajuste entre lo prometido y lo ejecutado. Y esa desconfianza es terreno fértil para que aumente el desencanto hacia una clase política que a menudo es acusada de decir una cosa en campaña y practicar la contraria en el ejercicio de sus funciones.

Un silencio que se convierte en mensaje

En política, hay silencios que son más elocuentes que un discurso encendido. En este caso, la ausencia de posicionamiento de Hamed puede interpretarse de múltiples maneras: como una muestra de madurez, reconociendo que a veces conviene no incendiar el debate; como una estrategia de supervivencia política; o bien, como una renuncia peligrosa a esa identidad que la convirtió en referente de voz crítica en la Asamblea.

Y como suele ocurrir, no es tanto la intención de la representante lo que importa, sino cómo lo perciben los ciudadanos. La política se alimenta de símbolos, y la callada en este momento concreto reconfigura la imagen pública de Hamed.

Una pregunta abierta a los ceutíes

La cuestión que hoy se plantea no es sólo qué significa este silencio para el futuro de Fatima Hamed, sino qué significa para el futuro de la política ceutí. ¿Queremos representantes que acomoden su discurso en función de pactos coyunturales, o líderes que mantengan su voz crítica incluso cuando incomoden a los socios de legislatura?

El caso Caminero no es un trámite administrativo sin relevancia, es un termómetro que mide hasta qué punto la lealtad política prima sobre los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Y los ceutíes, que han seguido durante años la contundencia de Hamed, tienen derecho a plantearse: ¿estamos asistiendo a un cambio táctico pasajero, o al inicio de una etapa donde la disidencia se sustituye por el cálculo político?

Quizá es momento de que la sociedad ceutí, más allá de militancias y afinidades, asuma un papel más vigilante y crítico. Porque si quienes hicieron de la transparencia y de la denuncia sus banderas empiezan a ceder terreno al silencio, ¿quién queda para recordar que la voz de la ciudadanía no puede ser negociable?

José Carbonell Buzzian