Resulta llamativo observar cómo una parte significativa de la clase política «progresista» española se moviliza de manera casi militante en defensa de la causa palestina. Manifestaciones, declaraciones solemnes, campañas de solidaridad y un discurso que pretende situar a España como altavoz de un conflicto que, por trágico y complejo que sea, resulta ajeno en términos históricos, sociales y políticos a nuestra realidad inmediata.

El compromiso con Palestina se exhibe con entusiasmo, enarbolando banderas y consignas que buscan situar a ese progresismo en la vanguardia del humanismo global. Pero al mismo tiempo, ese mismo fervor se convierte en silencio cómplice cuando el foco debería estar en el Sáhara Occidental, un territorio cuya ocupación ilegal por Marruecos mantiene secuestrado el derecho de un pueblo que sí guarda vínculos estrechos con España: coloniales, históricos, culturales, sociales e incluso psicológicos.

El contraste no puede ser más obsceno. Se levanta la voz contra Israel, pero se calla ante Rabat. Se denuncia la ocupación en Gaza, pero se justifica, desde las propias instituciones, la ocupación del Sáhara. Y todo ello no responde a principios, sino a cálculos políticos: mantener relaciones dóciles con Marruecos, socio estratégico de Israel y pieza clave en la política migratoria y fronteriza de la UE, parece más rentable que defender la dignidad del pueblo saharaui.

Esta doble vara de medir revela la hipocresía de un falso progresismo que prefiere indignarse con causas lejanas y con bajo coste político interno, antes que asumir su responsabilidad histórica en un conflicto que sí interpela directamente a España. Porque lo saharaui no es un problema ajeno: es una herida abierta en nuestra propia historia contemporánea, un testimonio de abandono que pesa sobre la conciencia de varias generaciones.
 

Reivindicar Palestina y olvidar el Sáhara no es coherencia internacionalista, es postureo ideológico. Es abrazar la causa que da rédito electoral y abandonar la que exige valentía frente a los poderosos. Y en esa contradicción no solo se traiciona al pueblo saharaui, también se degrada la credibilidad de quienes dicen defender la justicia y los derechos humanos.

El progresismo español debería preguntarse qué legitimidad tiene para señalar la ocupación en Oriente Próximo mientras avala —con su silencio o con su acción de gobierno— la ocupación en el Sáhara Occidental. Porque no hay internacionalismo posible cuando la solidaridad se ejerce con banderas ajenas y se niega con las propias responsabilidades.