Familiares, asociaciones, profesionales y grupos políticos han vuelto a poner de manifiesto la situación de la salud mental en Ceuta, a la que ahora se suma la ausencia de psiquiatras infantiles. Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) recuerdan que el pasado mes de junio, el propio Ejecutivo aseguraba que la Ciudad contaba con los recursos suficientes y que la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil era inminente. 

Sin embargo, en septiembre, a las puertas del inicio del curso escolar, “las familias siguen a la espera de esa actuación inminente que se les promete por parte del Ejecutivo, pero que no llega nunca a traducirse en realidad”. Por ello, el MDyC preguntará al Ejecutivo local en la próxima sesión de control en qué fase se encuentra la puesta en marcha de esta Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y si se están manteniendo conversaciones con el INGESA y el Ministerio de Sanidad al respecto. 

La formación también quiere conocer qué gestiones se han llevado a cabo en todo este tiempo para dar respuesta a estas carencias y por qué Ceuta sigue sin contar, no solo con esta unidad, sino también sin psiquiatras infantiles. Además, desconocen si la Ciudad tiene algún plan para dotar de recursos la atención sanitaria en el colectivo infanto-juvenil.

Desde el grupo municipal aseguran que han sido numerosas las ocasiones en las que han reivindicado la urgencia de abordar cuanto antes esta infraestructura para garantizar una atención adecuada: “Los recursos en salud mental en nuestra ciudad siguen destacando por sus carencias. Son cientos los niños, niñas y adolescentes que permanecen abandonados, sin poder ser atendidos ni recibir un diagnóstico, una receta para su medicación o una revisión médica. Exigimos responsabilidad y diligencia ante una cuestión tan prioritaria como esta”.

Por último, insisten en el “abandono institucional” de la salud mental infanto-juvenil y señalan que esta situación “evidencia una clara irresponsabilidad de quien debería velar por los derechos de los ciudadanos, y en especial, los derechos de la infancia y juventud que afectan a una parte importante de la población, quienes sufren directamente las consecuencias de este abandono institucional, perpetuando así el sufrimiento de los menores y sus familias”.