La defensa que el señor Celaya Brey, diputado del PP por Ceuta, realizó el pasado mes de junio en el Congreso del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), se puede catalogar, no solo de bochornosa, sino como abiertamente desleal para los intereses de España y, en particular, para los de la ciudad que supuestamente representa en el Parlamento nacional.

La defensa que hizo de este programa —fomentado y financiado directamente por entidades vinculadas al Majzén marroquí— estuvo basada en presentarlo como un inocente ejercicio de cooperación cultural. Una visión ingenua, cuando menos. Este gesto que, debería haber encendido todas las alarmas, pasó incomprensiblemente desapercibido para propios y extraños. Y es que no estamos ante una cuestión menor ni ante una muestra de buena vecindad: estamos ante la cesión de un espacio clave —la educación— a un Estado extranjero cuyos intereses chocan frontalmente con los de España.

Según expuso el señor Celaya, este programa “no cuesta nada” a las arcas públicas. Un falso consuelo. Aunque los sueldos de los docentes corran a cargo de la Fundación Hassan II, como si eso ya de por sí no fuera preocupante, la realidad es que los colegios españoles ceden espacios, recursos y legitimidad institucional a una iniciativa dirigida y financiada por Rabat. El coste no es económico: es estratégico.

Celaya también apeló a la “reciprocidad”. Argumentó que España tiene colegios en Marruecos, lo cual es cierto. Pero omitió un matiz esencial: esos centros están controlados exclusivamente por España y bajo la inspección educativa española. Nada comparable a permitir que otro Estado forme a nuestros escolares en suelo nacional según su propia agenda cultural. No hay reciprocidad posible cuando la relación es claramente asimétrica y Marruecos aprovecha cada resquicio para ampliar su influencia.

Así que, visto lo visto, conviene recordárselo al señor Celaya: Marruecos no es un socio neutral. Es un vecino que cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla, que instrumentaliza la inmigración como arma de presión y que mantiene abierto el pulso en el Sáhara Occidental. ¿De verdad alguien cree que un programa como el PLACM está al margen de esta estrategia de expansión perfectamente diseñada?

Y es que mientras nuestro representante parlamentario insiste en hacernos creer que se trata de una actividad “voluntaria y extracurricular”, evita formular la pregunta esencial: ¿qué valores, qué visiones de la historia y qué lealtades se transmiten a los alumnos? El señor Celaya ha querido pasar por alto que la educación no es solo lengua y cultura: es formación de identidades. Y las identidades que se construyen a través de este programa pueden no coincidir con las de un proyecto común español.

España no puede permitirse «supuestas» ingenuidades de este calado, y menos aún de un representante de una ciudad directamente afectada por la injerencia marroquí. El aula no puede convertirse en un caballo de Troya para intereses ajenos. Defender nuestra soberanía educativa no es xenofobia ni cerrazón: es puro sentido de Estado. Y quien no lo entienda —sea por complacencia, cobardía, espurios intereses, cálculo político o simple ceguera— está jugando con el futuro de la cohesión nacional y con nuestra integridad territorial.

A eso, señor Celaya, solo se le puede llamar con un nombre: deslealtad.