José María Caminero, que hasta el pasado 14 de agosto había ejercido como interventor interino por más de 20 años para pasar a la condicion de 'Jubilacion Forzosa' por edad en el funcionariado local, ha sido rescatado finalmente (como se había especulado desde el pasado mes de julio) para continuar activo, esta vez con un cargo de alta dirección en el área de Hacienda dirigido por la consejera Kissy Chandiramani.

Caminero se convertirá así en el 14º director general del Gobierno Vivas, lejos de retirarse, el ex interventor seguirá ejerciendo en la función pública en un área que domina y de quien el Ejecutivo ha querido dar continuidad más allá de los plazos laborales de índole legal al que estaba sometido. Las razones políticas las deberá dar el propio Ejecutivo que había anunciado a bombo y platillo -al principio de la legislatura- una reducción del 25% de su estructura de altos cargos. Regla y compromiso que, con este nuevo nombramiento, rompe.

Con 13 directores generales contaba el Gobierno de Juan Vivas hasta la llegada del ex interventor.

José María Caminero en Finanzas se une a Pablo García, director general de la Presidencia; Aurora Visiedo, directora general de Fomento y Urbanismo; Cristina Zafra, directora general de Medio Ambiente y Movilidad Urbana; Tamara Guerrero, directora general de Planificación de Inversiones y Servicios Urbanos; Juan Manuel de la Torre, director general de Hacienda y Presupuesto; Teresa Troya, directora general de Patrimonio Cultural; Juan Jesús García Navarro, director general de Educación; Emilio Carreira, director general de Recursos Humanos y Administración; Alfonso Conejo, director general de Gobernación; Malika Al Lal, directora general de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género; Adela Nieto, directora general de Servicios Sociales; Rebeca Benarroch, directora general de Sanidad; Juan Antonio Hidalgo, director general de Comercio y Turismo.

El nuevo director general, a falta de confirmación en el ámbito presupuestario de la propia Consejería de Hacienda, dispondría de unos emolumentos superiores a los 70.000 euros al año.