Tanto el diputado Javier Celaya como los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam consideran que el balance presentado por la Delegación del Gobierno en Ceuta "es un ejercicio de propaganda que ignora la gravedad de los problemas estructurales que sigue sufriendo la ciudad, y que además pretende eludir responsabilidades que sí son competencia directa del Gobierno de España", han manifestado.

Sanidad, educación, políticas activas de empleo, atención a la dependencia, gestión y asignación de fondos europeos, seguridad fronteriza y condiciones laborales de Policía Nacional y Guardia Civil son competencias estatales, han recordado. Por tanto, "resulta incoherente que el Gobierno presuma de lo que considera logros en estos ámbitos —como el aumento de afiliación a la Seguridad Social o la creación de contratos indefinidos— mientras culpa a otras administraciones cuando los datos son negativos o los servicios no llegan a los ciudadanos", han dicho.

"¿En qué quedamos?", se han preghuntado. "Si el Gobierno se atribuye la mejora en el empleo o el impulso del Ingreso Mínimo Vital, también debe asumir el colapso sanitario, el fracaso educativo, la desatención a nuestros mayores, la inseguridad en la frontera o el incumplimiento de sus propios planes estratégicos. No se puede gobernar a la carta ni hacer política por entregas", critican.

Los datos hablan por sí solos:

●      Ceuta tiene la tasa de abandono escolar más alta de España, con un 14,6 % en 2024, por encima de la media nacional del 13 %.
 

• Los resultados del informe PISA sitúan a Ceuta a la cola del país: matemáticas (395), lectura (404) y ciencias (410). En pensamiento creativo, nuestros jóvenes obtienen solo 26,1 puntos frente a los 32,8 de media nacional.
   
• La sanidad pública atraviesa una situación insostenible: durante semanas no hay un solo psiquiatra en activo, las consultas se suspenden, las listas de espera son interminables y el déficit de especialistas es estructural. Todo ello bajo responsabilidad directa del INGESA, dependiente del Ministerio de Sanidad.
   
• La atención a personas dependientes está bloqueada, con retrasos inadmisibles en la valoración de grado, el reconocimiento de prestaciones y la ejecución de ayudas. El IMSERSO, que gestiona directamente esta competencia, tampoco está cumpliendo con sus obligaciones.
   
• Las políticas activas de empleo, que dependen del SEPE y del Gobierno central, no están dando resultados: Ceuta sigue registrando una de las tasas de paro más altas de España, con un 23,6 % de media y una preocupante tasa juvenil del 60,9 %.
   

●      En materia de seguridad, los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles denuncian reiteradamente la dejadez del Gobierno en la frontera, la falta de medios humanos y materiales, la ausencia de mejoras laborales y la inseguridad operativa en el paso de El Tarajal. Es el Estado, y no otra administración, quien debe garantizar condiciones dignas a quienes protegen nuestras fronteras.
 

Además, el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, presentado por el Gobierno como gran compromiso con la ciudad, "sigue paralizado por la falta de Presupuestos Generales del Estado. No se han consignado partidas específicas ni se ha activado un calendario de ejecución, lo que deja el plan en papel mojado y sin impacto real. Ceuta no necesita más anuncios sin respaldo económico", refuerzan.

En cuanto a los fondos europeos, aunque parte de su ejecución en Ceuta se canaliza a través de PROCESA, es el Gobierno de España quien define, asigna y coordina esos recursos, marcando las líneas estratégicas y evaluando su cumplimiento. "No se puede presumir de ejecución cuando interesa y responsabilizar a otros cuando no se traducen en mejoras visibles para los ciudadanos", valoran.

El Gobierno socialista "no puede esconderse detrás de cifras cuando los ceutíes no ven reflejadas esas inversiones en su vida diaria. Los ciudadanos no entienden de millones anunciados y mal invertidos si siguen sin médicos, si sus hijos no progresan en el sistema educativo, si no reciben la atención que necesitan, si no encuentran oportunidades reales de empleo o si los agentes de seguridad siguen abandonados en un enclave tan estratégico como este", han apostillado.

Los parlamentarios reclaman al Gobierno de Sánchez que "deje de utilizar Ceuta como escaparate publicitario y asuma de una vez por todas sus competencias y obligaciones con esta ciudad. Ceuta no necesita balances complacientes ni campañas institucionales: necesita una gestión eficaz, una inversión realista y una voluntad política firme para mejorar los servicios públicos".

"Ceuta merece un gobierno que cumpla, no que se excuse", han manifestado.

"Que los logros se traduzcan en una mejor calidad de vida para los ciudadanos", piden.

"Estamos hartos de un Gobierno que no quiere ver los problemas —ya sea por incapacidad para resolverlos o por ignorancia de la realidad que vive esta ciudad", culminan en su negativo análisis de la "propaganda" de la delegada del Gobierno.