Cristina Pérez, fue clara y dura elevando la voz en defensa de la gestion del Gobierno de Pedro Sánchez en el reparto de MENAs  por el territorio español. El rechazo de algunas comunidades autónomas al reparto de estos menores “no quedará impune”, advirtio.

La  fecha clave habrá de llegar el próximo 26 de agosto, en el que el Consejo de Ministros apruebe el reparto definitivo de los menores no acompañados y dejó claro que el Gobierno Sánchez "el gobierno de España" no va a esperar eternamente: “Cualquier funcionario que se niegue a acatar una orden de recepción tendrá que enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad y a la Fiscalía”, amenazó.

Pérez confirmo que el Ejecutivo trabaja en una guía de procedimiento que unifique criterios entre territorios emisores y receptores para" facilitar el traslado de los menores". Una dinámica previa que concluirá con un enésimo real decreto ley del gobierno Sánchez, de obligado cumplimiento. La delegada del Gobierno lanzó una clara advertencia-amenaza a las comunidades autonomas que no cumplan: “Tendrán consecuencias penales y administrativas”.

"Ceuta no puede más" 

“Tenemos muchos más menores de los que nuestra renta per cápita puede soportar. Ceuta es uno de los territorios más interesados en que el reparto se ejecute cuanto antes”, explico.

La implicación del ministro Ángel Víctor Torres, "receptivo a que Ceuta figure entre los primeros territorios en ver reducido el número de menores acogidos" fue reconocida por Cristina Pérez. La delegada también reconoció tambien el papel de la Ciudad Autónoma y del Gobierno de Juan Vivas en este proceso: “El procedimiento será coordinado desde la Delegación del Gobierno, pero en constante comunicación con la Ciudad”. Nombró al consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, y a la jefa del área de menores, Toñi Palomo, reconociendo "su trabajo y compromiso".