El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer el uso de cámaras de videovigilancia de origen chino en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, una cuestión que compromete la seguridad nacional y la soberanía tecnológica de nuestras fronteras.

El diputado por Ceuta, Javier Celaya, ha solicitado respuestas claras sobre la instalación en 2021 de cámaras DOMO Hikvision, una marca vetada en países como Estados Unidos, Reino Unido y en instituciones de la propia Unión Europea por considerarla una amenaza para la seguridad nacional y por su presunta colaboración con el régimen chino en violaciones de derechos humanos, concretamente contra la población uigur.

“¿Puede garantizar el Gobierno de España que estas cámaras no suponen una amenaza para la seguridad nacional en nuestras fronteras terrestres con Marruecos?”, preguntan los populares. “¿Puede asegurar el Ejecutivo que la República Popular de China no tiene capacidad alguna para supervisar las imágenes o el funcionamiento de estos dispositivos instalados en Ceuta y Melilla?”, insisten en su escrito registrado en el Congreso de los Diputados.

Desde el Partido Popular se considera inadmisible que el control y la protección de las fronteras españolas puedan quedar expuestos a tecnologías vetadas por nuestros principales aliados y socios internacionales, más aún cuando se trata de un enclave tan sensible como el perímetro fronterizo con Marruecos.

“El Gobierno debe aclarar de inmediato si ha realizado una evaluación de riesgos, si se han tomado medidas de ciberseguridad, y por qué se ha optado por una empresa cuya reputación está gravemente comprometida por su implicación con el aparato de control del régimen chino”, ha declarado el diputado Celaya.

El Grupo Popular exige transparencia, garantías de seguridad y una auditoría urgente de los sistemas de videovigilancia implantados en las fronteras de Ceuta y Melilla, con el fin de evitar cualquier interferencia extranjera en una materia que afecta directamente a la integridad territorial y a la seguridad de los ciudadanos.