Sociedad
El Gobierno considera innecesario que los periodistas estén formados y desprecia la titulación ofertada por la mayoría de universidades
El Colegio de Periodistas de Andalucía busca ahora el respaldo de las facultades de Comunicación, las asociaciones de la prensa y los sindicatos andaluces ante el despropósito del anteproyecto de ley orgánica para regular el Secreto Profesional

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha denunciado públicamente el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica que pretende regular el derecho al secreto profesional de los periodistas, al considerar que supone “una grave amenaza” para la profesión. El texto, que ya ha comenzado su tramitación en el Consejo de Ministros, no exige formación universitaria específica ni contempla la deontología profesional, elementos que el colectivo considera fundamentales para garantizar una información veraz y de calidad.
Según ha confirmado el Gobierno en una respuesta oficial al Colegio andaluz, la norma define como periodistas a “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación”. Para el CPPA, esta definición es incompleta, ambigua y legitima el intrusismo laboral, al permitir que cualquier persona o página web pueda presentarse como medio o profesional sin cumplir con requisitos formativos o éticos.
“El documento no aclara qué se entiende por medio de comunicación, ignora la titulación universitaria y omite cualquier referencia a la deontología periodística”, ha advertido la organización, que considera que esto debilita el derecho fundamental a la información y desprecia los esfuerzos realizados por la profesión para consolidar estándares de calidad y responsabilidad.
Excluidos de la autorregulación
Otro de los aspectos más polémicos es la exclusión del papel de los colegios profesionales en el sistema de autorregulación planteado en el anteproyecto. En lugar de reconocer la labor que ejercen estos organismos —como la Comisión Deontológica del CPPA, que vela por el cumplimiento de los principios éticos del periodismo—, el Gobierno pretende delegar esta función en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un órgano ajeno a la profesión periodística.
“El Colegio tiene entre sus funciones ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión. Esta decisión del Gobierno no solo es inadecuada, sino que demuestra una absoluta falta de conocimiento de la estructura y el funcionamiento del periodismo en España”, lamenta la entidad andaluza.
Llamamiento a universidades, asociaciones y sindicatos
Ante esta situación, el CPPA ha iniciado una ronda de contactos con las facultades de Comunicación de Andalucía, a las que ha trasladado su preocupación. El objetivo es recabar su respaldo para exigir al Gobierno que reconozca la formación reglada como elemento imprescindible para el ejercicio del periodismo. También ha solicitado el apoyo de las asociaciones de la prensa y de los sindicatos con secciones de periodistas en la comunidad.
“En plena era de los bulos y la desinformación, es más necesario que nunca que quienes informan lo hagan con rigor, formación y ética”, sostiene el Colegio, que desde hace años promueve la creación de mecanismos para distinguir a los medios de comunicación en el entorno digital, como el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía, una iniciativa que ha sido replicada por otras comunidades como Galicia, Murcia o Castilla y León.
“Un despropósito” sin participación de los colegios
El CPPA también ha criticado que el anteproyecto haya sido elaborado sin la participación de ninguno de los once colegios profesionales de periodistas existentes en España, algo que considera una “falta de transparencia y lealtad institucional” por parte del Ejecutivo. “No contar con los colegios es ignorar a las entidades legalmente reconocidas para representar los intereses generales de la profesión”, advierte.
Por ello, la entidad ha anunciado que presentará alegaciones formales al anteproyecto y ha hecho un llamamiento a periodistas, estudiantes y entidades del sector para que se mantengan alerta y participen en la elaboración de propuestas y sugerencias. “Nos jugamos el futuro de la profesión y el derecho de la ciudadanía a una información rigurosa y contrastada”, ha concluido.
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