En un tiempo donde la imagen pública se moldea en segundos y las explicaciones llegan después de la tormenta, hay situaciones que merecen una reflexión más profunda. Cuando una persona se ve envuelta en un contexto político sensible, lo mínimo que puede exigirse es claridad, prudencia y responsabilidad. Y cuando esto no ocurre, la confianza se resquebraja.

Una reciente aparición pública ha despertado inquietud por motivos más que razonables. En la imagen: una figura que asegura no ser activista ni tener conocimiento del trasfondo político del evento al que asistía, posando junto a personas que, por propia voz, se han identificado como integrantes de un comité marroquí cuyo objetivo es, según declaran, la liberación de un territorio que forma parte de la soberanía española. Una cuestión nada menor.
 

El desmentido posterior intenta encuadrar la participación como inocente o desinformada. Se apela a la ignorancia de los propósitos reales de los presentes y se plantea una especie de ingenuidad despolitizada en la asistencia. Pero ese argumento tropieza con una realidad tangible: las fotografías no son un montaje y los acompañantes no son actores desconocidos. Se han presentado públicamente como miembros de una estructura que defiende tesis directamente contrarias al orden constitucional y a la integridad territorial de España.
 

Aceptar sin reservas la versión ofrecida por la implicada exigiría suspender el juicio crítico, algo que ningún medio ni ciudadano informado debería permitirse. Más aún cuando la persona en cuestión —al margen de su autodefinición— se ha arrogado facultades que no le corresponden: tratar temas de calado institucional como si fueran parte de una conversación privada, sin representar a nadie ni tener legitimidad para hacerlo.
 

La gravedad no reside sólo en la imagen compartida, sino en el marco que se construye después: el intento de desmarcarse sin reconocer el error ni asumir su dimensión. Es legítimo que alguien quiera aclarar su papel en una situación polémica, pero esa aclaración debe sostenerse sobre hechos, no sobre excusas que subestiman la inteligencia colectiva.
 

En asuntos que afectan al interés general, a la convivencia en territorios complejos como Ceuta, y a las relaciones con países vecinos con intereses divergentes, no caben ambigüedades. No se puede jugar a la diplomacia improvisada sin incurrir en consecuencias políticas, sociales y simbólicas. Y no se puede pedir que creamos ciegamente una versión que se contradice con las pruebas visibles.
 

Como sociedad, tenemos derecho —y deber— a exigir explicaciones completas, coherentes y, sobre todo, honestas.