La reciente imputación de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Partido Popular, por presunta corrupción y tráfico de influencias no es un caso aislado ni anecdótico. Es, más bien, la confirmación de una forma de entender el poder y las instituciones: como herramientas al servicio de unos pocos, no del interés general. El juez investiga si desde uno de los ministerios clave del Gobierno de España se impulsaron reformas legislativas a medida para beneficiar a empresas privadas, muchas de ellas vinculadas al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro.

 La noticia no es menor en Ceuta. Apenas hace unas semanas, el 26 de junio, el señor Montoro fue homenajeado en nuestra ciudad en un acto celebrado en el Parque Marítimo del Mediterráneo junto a Juan Bravo y Miguel Tellado, máximos representantes del PP nacional. También estuvo presente Alberto García Valera, exdirector general de Tributos durante el mandato de Montoro y, como él, imputado en esta causa. Por si fuera poco, García Valera fue distinguido en 2022 con la Medalla de Plata de Ceuta. Hoy, con su nombre en el centro de una investigación judicial por corrupción, la pregunta es inevitable: ¿cuáles fueron los méritos concretos que justificaron tal reconocimiento institucional?

 Durante aquel acto, el presidente Juan Vivas no escatimó elogios. Para él, Montoro fue "el mejor ministro de Hacienda que ha conocido" y ejemplo de "solvencia profesional y ética". Hoy, la realidad judicial parece desmentir tales palabras. Lo que sí es objetivamente cierto es que Montoro es ya el segundo ministro de Hacienda de los Gobiernos del PP imputado por corrupción, tras Rodrigo Rato. Dos nombres vinculados al llamado "milagro económico" del Partido Popular. Un milagro que, con el tiempo, se ha ido pareciendo más a un espejismo sostenido por redes de favores, puertas giratorias y beneficios fiscales a medida.

 La investigación en curso afecta a 29 personas, 10 de ellas altos cargos nombrados por Montoro. El resto, miembros de las empresas beneficiadas y del despacho Equipo Económico. La acusación del juez es grave: utilizar el poder público para redactar leyes que beneficien a determinados intereses privados. ¿De verdad era este el modelo de "buena gestión" que el PP nos vendía? ¿No deberíamos, como sociedad democrática, alarmarnos ante la posibilidad de que se haya usado la maquinaria del Estado para tejer una red clientelar y enriquecerse desde dentro?

 Y es aquí donde cobra pleno sentido la consigna que el propio Partido Popular eligió para su última campaña de agitación: ¿mafia o democracia?. En su momento, nos pareció un eslogan irresponsable, que sólo contribuía a crispar el clima político. Hoy, simplemente, resulta paradójico. Porque si algo pone de manifiesto la imputación de Montoro es que quienes gobernaron con mayoría absoluta entre 2011 y 2018, podrían haber utilizado la democracia para operar como una mafia económica incrustada en el aparato del Estado.

Desde el PSOE de Ceuta no podemos sino preguntarnos: ¿qué modelo de país representa el PP? ¿A quiénes sirven sus políticas, sus leyes, sus ministros? La ciudadanía merece respuestas, y sobre todo merece saber que el poder se ejerce con responsabilidad, ética y transparencia. Lo contrario no es democracia. Es, simplemente, lo que la justicia está empezando a llamar por su nombre.