En el día de ayer se dio a conocer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, que condena a 35 años y medio de prisión a un agente de la Policía Local por el asesinato de su pareja mientras este se encontraba de servicio. “Por más vueltas que se le dé a este hecho tan lamentable, por más titulares que se acumulen sobre casos similares, por más análisis que ofrezcan los expertos en torno a los factores que puedan concurrir en este tipo de sucesos, resulta imposible asumir una tragedia así”, señalan desde el Movimiento por la Dignidad de la Ciudad (MDyC), que recuerda que se trata de “una tragedia que golpea de lleno a la sociedad ceutí, y que obliga a cuestionarse no solo sus consecuencias, sino también sus causas”.

Ponen de manifiesto que esta sentencia no solo concluye con la condena a la Ciudad a pagar 875.000 euros como responsable civil subsidiaria, sino que también arroja una “absoluta desidia existente en este extremo por parte de los mandos de la Policía Local de Ceuta y los órganos correspondientes de la administración local a pesar del riesgo que conlleva el porte de armas agravado, en este supuesto, por los antecedentes conductuales del acusado”, tal y como se recoge en el documento.

“Nosotros, al igual que la ciudadanía, sí entendemos que la Ciudad tiene que responder ante este hecho, lo que no se entiende es que tenga que pagarse de los bolsillos toda una cadena de errores, más aún cuando hay armas reglamentarias de por medio. Errores que, en este caso, han tenido consecuencias irreparables”, añaden desde la formación localista, algo que ya reclamaron en sede plenaria cuando el Ejecutivo incluyó, mediante una enmienda al Primer Expediente de Modificación Presupuestaria, una partida de 600.000 euros destinada a sentencias judiciales, situaciones extraordinarias y contingencias: “una previsión que, lejos de tranquilizar, evidencia que se conocía la gravedad del asunto”.

La sentencia sobre este hecho, cuya partida ni siquiera estaba contemplada en el Presupuesto de 2025, deja al descubierto en sus conclusiones algo tan grave como la “inexistencia de controles sobre los miembros de la Policía Local en los últimos años, las inadecuadas fórmulas para controlar la salud física y mental de los mismos al estar basadas en la propia información facilitada por los interesados; la falta de control en el momento de los hechos sobre las armas facilitadas a los policías locales”.

Por ello, desde el MDyC instan a la Ciudad a no recurrir a la sentencia y a reforzar los mecanismos de control: “ahora la Ciudad no solo debe asumir su responsabilidad civil subsidiaria en términos económicos y jurídicos, tiene que reparar a una sociedad a la que se le ha fallado afrontando la sentencia, no recurriéndola, y reforzando los protocolos y mecanismos de control y prevención rutinarios para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse jamás”.