Esta pasada semana, Marruecos intensificó la presión sobre el Partido Popular (PP) respecto al conflicto del Sáhara Occidental, enviando una carta de Nizar Baraka, líder del Partido Istiqlal (miembro internacional del grupo al que pertenece el PP) y ministro marroquí, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La misiva exigía que el PP aclarara su postura y respaldara el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, presentado en 2007, que propone mantener el territorio bajo soberanía marroquí (tal y como ha repsaldado Pedro Sánchez -PSOE-), en contraposición al referéndum de autodeterminación defendido por el Frente Polisario y respaldado por resoluciones de la ONU.

Esta acción coincidió con el cierre unilateral de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas gobernadas por el PP, justificadas por Marruecos como una medida para gestionar la congestión de la Operación Paso del Estrecho, aunque se interpreta como una sanción política por la presencia del delegado del Frente Polisario en el Congreso Nacional del PP y su defensa del derecho internacional.

en 2022, cuando España reconoció el plan de autonomía marroquí, rompiendo con su histórica neutralidad. Esta presión se enmarca en un contexto de tensiones recurrentes, donde Marruecos vincula su relación con España al Sáhara, considerando a Ceuta y Melilla como "ciudades ocupadas" y parte de su reclamación de "integridad territorial". La reapertura de las aduanas en 2025, tras años de cierre, había sido un logro de la mejora de relaciones bilaterales, pero su clausura reciente sugiere, una vez más, que Marruecos utiliza el control económico y migratorio como herramienta de influencia, especialmente en Ceuta y Melilla.

El impacto en Ceuta y Melilla no es tanto dado que las aduanas no son una solución económica, pese a la teatralización de su funcionamiento. Marruecos ha empleado tácticas como el cierre de aduanas y la relajación de controles migratorios en el pasado (como en la invasión civil de 2021) para presionar a España, afectando la economía y seguridad de estas ciudades. La carta de Baraka, junto con declaraciones de figuras como Naama Mayara, presidente del Senado marroquí, quien afirmó que Ceuta y Melilla serán "recuperadas sin recurrir a las armas", refuerzan la percepción de una estrategia a largo plazo para cuestionar la soberanía española. Además, la creación del "Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla" en 2024 indica un esfuerzo organizado para mantener viva la reclamación marroquí, lo que genera preocupación en España sobre la estabilidad de estas regiones.

El PP, que históricamente ha defendido, sin fisuras, la españolidad de Ceuta y Melilla y una postura más crítica hacia Marruecos, enfrenta un dilema: mantener su apoyo a las resoluciones de la ONU, que favorecen la autodeterminación saharaui, o ceder ante la presión marroquí para evitar represalias económicas y migratorias en las ciudades autónomas. Las críticas del Frente Polisario, que califica estas acciones como una muestra de la "impunidad" marroquí, y la percepción de que Rabat busca condicionar las relaciones bilaterales, complican aún más la posición del PP. En resumen, el mensaje de Marruecos al PP busca alinear al partido con su narrativa sobre el Sáhara, utilizando el control sobre Ceuta y Melilla como palanca, lo que podría agravar las tensiones diplomáticas y afectar la estabilidad de estas ciudades.