El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) expresa su profunda preocupación por la situación que atraviesan numerosas familias ceutíes con hijos diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), ante la ausencia prolongada de atención psiquiátrica infantil en el sistema sanitario público.

Desde hace más de seis meses, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) no ha logrado cubrir la vacante de psiquiatría infantojuvenil, lo que ha provocado la cancelación reiterada de citas en el área de Salud Mental, tal y como demuestran múltiples notificaciones oficiales recibidas por los usuarios. Esta situación ha generado un grave perjuicio para las familias afectadas, quienes, además de la falta de atención especializada, se enfrentan a alternativas poco realistas, como derivaciones a hospitales privados fuera del territorio ceutí. Los mensajes remitidos por el Instituto  a los usuarios dejan constancia de ello: el 12 de junio, el 1 de julio y el 7 de agosto de 2025 son solo algunos ejemplos recientes de cancelaciones notificadas a familias que esperan una atención médica esencial para sus hijos. En todos los casos, se indica la "baja médica del facultativo" como motivo, sin información sobre nuevas fechas ni sustituciones, a pesar del tiempo transcurrido.

El problema, sin embargo, no se limita a la ausencia de un profesional. Las soluciones planteadas desde la gerencia del Ingesa, pasan por el desvío de pacientes menores a centros sanitarios privados en la península, concretamente en municipios como Estepona. Esta práctica, que puede ser interpretada como una forma de externalización de servicios esenciales, implica un coste emocional, económico y logístico insostenible para muchas familias ceutíes. No se puede normalizar el desplazamiento de niños con trastornos del neurodesarrollo fuera del entorno familiar para acceder a atención psiquiátrica.

Desde el Sindicato Médico de Ceuta se advierte que esta política de derivaciones forzadas y ausencia de soluciones estructurales constituye una vulneración clara del principio de equidad en el acceso a la sanidad pública. “¿Se imagina alguien que en Madrid o Barcelona se cancelen las citas psiquiátricas infantiles durante más de medio año y se les indique a las familias que acudan a otra comunidad autónoma para recibir atención?”, se preguntan desde la organización.

La preocupación crece al constatarse la actitud adoptada por el Ingesa ante las legítimas demandas de las familias. En lugar de asumir responsabilidades o anunciar planes concretos, el organismo ha reaccionado desacreditando públicamente a la Asociación TDAH Ceuta, llegando incluso a insinuar que las familias están perjudicando a sus hijos por expresar su malestar. Estas declaraciones, recogidas en varios comunicados oficiales y artículos de prensa, han causado una profunda indignación entre los afectados.

Además, la tan prometida Unidad de Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ), anunciada desde el año 2018, sigue sin materializarse. En su lugar, se han anunciado contrataciones puntuales de psicólogos, pero sin presencia efectiva de especialistas en psiquiatría infantil, que son imprescindibles para una atención integral y multidisciplinar.

En redes sociales y plataformas públicas, madres y padres han expuesto con claridad la situación que viven. Una usuaria denunciaba recientemente, en un comentario dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que en Ceuta “no hay psiquiatras ni neurólogos infantiles, no hay USMIJ, no hay atención médica para este colectivo a pesar de llevar siete años denunciándolo”. Esta falta de atención no es un caso aislado, sino una consecuencia de la falta de planificación sanitaria estructural en la ciudad autónoma, que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables.

El Sindicato Médico de Ceuta considera que el Ingesa debe rectificar su estrategia de confrontación con las asociaciones de pacientes y asumir su responsabilidad como gestor público. Las familias no deben ser culpabilizadas por denunciar la falta de asistencia. Por el contrario, merecen ser escuchadas, acompañadas y protegidas por el sistema sanitario.

Desde el SMC se insiste en que la solución no puede pasar por la privatización ni por el desplazamiento de pacientes. Lo que Ceuta necesita es una inversión decidida en profesionales sanitarios, estabilidad en las plantillas y compromiso con la sanidad pública. Los menores con TDAH y otros trastornos mentales no pueden seguir esperando. Su derecho a la salud mental debe ser garantizado de forma efectiva y local.