La empresa Bulyba SL ha presentado alegaciones contra la decisión de la Mesa de Contratación de excluir su candidatura en la licitación para gestionar durante 30 años el Hotel Municipal Puerta de África. La compañía denuncia graves irregularidades y señala directamente al interventor José María Caminero como responsable de un informe “perverso” que, según afirma, ha desvirtuado los criterios legales y vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

En su escrito, Bulyba solicita a la Mesa que rectifique el “desaguisado” y adjudique finalmente el contrato a su oferta, que fue desestimada tras los informes emitidos por Intervención. La empresa califica dicho informe como arbitrario, sesgado y redactado con un “fin perverso”, al introducir requisitos que no estaban contemplados en los pliegos del concurso.

Una interpretación fuera de la ley

El núcleo del conflicto gira en torno al artículo 87 de la LCSP, que establece tres posibles vías para acreditar la solvencia económica de una empresa: el volumen anual de negocio, un seguro de responsabilidad civil y el patrimonio neto o ratio activo/pasivo. Sin embargo, este último requisito solo puede aplicarse si se recoge expresamente en los pliegos, lo que no ocurrió en este caso.

Según Bulyba, Intervención ignoró este límite legal y utilizó precisamente la tercera vía como argumento para cuestionar la solvencia de la empresa, a pesar de que los pliegos solo exigían las dos primeras. Además, denuncian un cambio de criterio injustificado: en un primer momento se les reconoció la solvencia exigida, pero posteriormente el interventor la calificó de “precaria”, solicitó aclaraciones y terminó descartando la propuesta.

Un proceso viciado y dirigido

La compañía va más allá y acusa a Caminero de haber modificado “por la puerta de atrás” las condiciones del concurso mediante informes “ad hoc” que habrían tenido un objetivo claro: eliminar a Bulyba de la licitación. A su juicio, esto constituye una vulneración del artículo 176.1 de la LCSP, que prohíbe utilizar aclaraciones para introducir nuevos criterios de adjudicación.

También señalan que se ha cuestionado de forma injustificada el uso de una filial, Eventos del Revellín, para acreditar la solvencia. Bulyba recuerda que es propietaria del 100% de esta sociedad y que, conforme al artículo 42 del Código de Comercio, puede apoyarse en su capacidad financiera. La propia Intervención habría admitido inicialmente que ambas cumplían el volumen de negocio requerido, y no existe motivo legal alguno para su exclusión.

Camino a los tribunales

Bulyba concluye su escrito advirtiendo que está dispuesta a llegar hasta la última instancia judicial para defender su derecho. En su argumentario cita incluso jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el objetivo de respaldar su postura.

Finalmente, solicita a la Mesa de Contratación que revoque su decisión y proceda a la adjudicación del contrato a su favor, considerando válidos los documentos ya aportados y permitiendo así la formalización con la sociedad pública Puerta de África SA.