La política que todo lo emponzoña y provoca un compendio de intereses creados ha demostrado esta semana que, el carácter de zona de especial protección al área de Calamocarro, es una ensoñación ficticia cuando se ha realizado, de manera arbitraria con los restos vegetales de una poda por una empresa como Tragsatec, encargada de realizar labores de prevención, y sin embargo, capaz de despertar la repulsa de la Asociación DAUBMA, por el depósito en una finca privada, como si "todo el monte fuera orégano" y se dispusiera de la propiedad privada con la arbitrariedad flagrante de quienes se consideran, desde las instituciones públicas, dueños y señores de propiedades ajenas.

La política envilece tanto a algunos que pierden el sentido de la medida y, esta Ciudad Autónoma, con la experiencia de varios incendios forestales de gran envergadura en la zona del campo exterior y, más concretamente por el sector de la zona protegida de Calamocarro-Benzu, no acaba de sacar consecuencias positivas para evitar riesgos de incendios en esta época con las catastróficas consecuencias que se derivan de los mismos.

Cercenar nuestro patrimonio forestal, proteger el hábitat natural de Ceuta, cuidar nuestro medio ambiente, no sólo se hace con colocaciones en empresas municipales o encargos a Tragsa de trabajos de prevención de incendios forestales, sino con una praxis adecuada y sin invadir impunemente terrenos que no corresponden.

Si SEPRONA no sanciona estos excesos institucionales a nivel medioambiental plagados de arbitrariedad y  abuso, estaremos ante una situación similar a la permisividad generada cuando un destacado empresario vinculado a estas áreas, se permitió el lujo -con SEPRONA y ecologistas de Septem, sin intervención que se conozca-, de edificarse un chalé en el Arroyo de Calamocarro, sin importarle la posibilidad de vulnerar la ley en una zona protegida LIC-ZEPAS donde no está permitido poner ni un ladrillo y tuvo el descaro de sacar los múltiples camiones de escombros de madrugada, sin que la Ciudad Autónoma mediante el área de Urbanismo, interviniera en paralizarle la obra o, con posterioridad, derribársela, porque se deja entrever que este tipo de actuaciones no parecen ejecutarse con los poderosos. Tal vulneración cometida a ojos del vecindario y con la obvia pasividad de las autoridades que habrían de velar por respetar la normativa urbanística, es un ejemplo más de la corrupción existente en Ceuta a ciertos niveles. ¿Cómo explica Juan Vivas que uno de sus mayores perceptores de subvenciones y adjudicaciones levantara un chalé en zona protegida sin ningún problema y durante varios meses? ¿En qué ciudad estamos "protegiendo" desde las instituciones públicas a quienes merecerían ser sancionados conforme a derecho? ¿No quedamos que todos somos iguales ante la ley? Lo cierto es que la ceguera de la legalidad se aplica a unos en perjuicio de otros, cuando los intereses son tan grandes que más vale mirar para otro lado y hacer la vista gorda a las irregularidades de algún preboste.

Juan Vivas no tiene defensa posible cuando permite arbitrariedades mayúsculas a "según quien" y deja pasar el tiempo para que la prescripción sea el arma torticera de quienes tratan de validar sus atropellos legales, y  desde las instituciones, dejan morir la vigencia de proceder ante una irregularidad no ajustada a derecho.

Ya está bien de mirar para otro lado, de divulgar en los medios de comunicación actuaciones en materia de disciplina urbanística y permitir con absoluto descaro, que los poderosos campen a sus anchas, hagan de su capa un sayo y ridiculicen al común de los mortales con este tipo de abusos descarados que no son una afrenta pública sino la consecuencia de cómo ejercen su poderío con el beneplácito de instituciones públicas que son cómplices de ilegalidades consentidas. O sea, de presunta prevaricación a la vista de todos, convirtiendo el Estado de Derecho en verdadero papel mojado y la legalidad en una farsa tan estrafalaria como el argumento cinematográfico de cualquier película de Torrente.

Calamocarro se ha convertido en zona de "especial protección a la carta" porque hay quien se construye un chalet a su gusto, sin recato, sin impedimento alguno, sin sanción, sin nada de nada, en una zona protegida donde a la generalidad, no se les permite poner ni un ladrillo. Juan Vivas es culpable directo de este tipo de presunta corrupción que él protege, por omision o 'invigilando' sin ejercer el peso de la ley y sin dar ejemplo a la ciudadanía que no sólo se tiran casas en El Príncipe sino a gerifaltes que convierten la zona de Calamocarro en su cortijo particular a nivel urbanístico.

Esta es la Ceuta que gobierna el Partido Popular de Vivas con el apoyo de aquel sector empresarial que acumula adjudicaciones de todo tipo y la utilización cómplice de la recurrente fórmula tan de actualidad con Pedro Sánchez que dice no enterarse de nada de lo que sucede en su partido: in vigilando. O sea, la responsabilidad por falta de vigilancia o cuidado sobre persona o cosa, causando daño, señor Vivas, es objeto de responsabilidad para usted que siempre dice que no se ha enterado para eludir su deber institucional. No olvide que puede ser considerado responsable bajo el concepto de "culpa in vigilando".