El magistrado Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, tras su declaración en el Tribunal Supremo. La medida, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se fundamenta en los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, evasión de capitales y blanqueo de capitales que se le imputan, y responde al riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

Santos Cerdán está investigado por su presunta implicación en una trama de cobro de mordidas vinculada a amaños en contratos de obra pública, iniciada en Navarra en 2015 y que habría involucrado a varias empresas como Acciona, OPR y Levantina Ingeniería. Según la Fiscalía, las mordidas recibidas por parte de Acciona podrían ascender a 620.000 euros, de los cuales aún estarían pendientes 450.000.

Durante su declaración, Cerdán ha negado haber cobrado mordidas y ha cuestionado la validez de los audios incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, asegurando que están fuera de contexto. Asimismo, ha rechazado el haber realizado pagos a José Luis Ábalos, Koldo García o al PSOE, y ha calificado la investigación como una persecución política motivada por su rol como negociador con EH Bildu, Junts per Catalunya y el PNV. Además, ha reconocido haber recibido 600 euros de Koldo García en concepto de “deuda” y ha anunciado que su defensa solicitará una prueba pericial para analizar los audios.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, califica las explicaciones de Cerdán como “pobres”, “sesgadas” y “victimistas” y respalda la petición de prisión provisional. En contraste, la Fiscalía ha decidido no solicitar esta medida para José Luis Ábalos y Koldo García, que permanecen en libertad mientras continúan las investigaciones.

La causa, dirigida por el juez Leopoldo Puente y la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la UCO, sigue abierta y avanza en la investigación de la supuesta red de corrupción que habría beneficiado a altos cargos y empresas vinculadas a contratos públicos.