La separación de poderes ha dejado de ser una garantía democrática para convertirse en un bonito enunciado en los manuales de Ciencias Políticas. Lo que antes eran instituciones al servicio de todos, ahora son instrumentos de una minoría atrapada en el narcisismo del poder perpetuo. 

En esta España con síndrome de república bananera, ya no se gobierna: se administra propaganda. El Estado se ha diluido en un partido, y ese partido, más concreto aún: su cúpula, se ha revestido de los símbolos y estructuras del Estado para blindarse frente a cualquier crítica. Sánchez no tiene un gobierno; tiene un escudo humano institucional. 

La Fiscalía ya no es la de todos, sino la de “quién depende de quién”, como él mismo confesó sin rubor. La televisión pública es un órgano de propaganda de partido, y el CIS una herramienta de fabricación de titulares. La reciente ley de amnistía no es un acto de reconciliación, sino un pago de favores a cambio de siete votos. Todo tiene un precio. Todo es intercambiable. Todo está al servicio de una causa: la permanencia de un presidente sin mayoría social, pero con mayoría aritmética a base de chantajes territoriales. 

En este contexto, el contraste con Madrid es cada vez más lacerante para el poder central. Porque Madrid sigue funcionando. Porque en Madrid se baja impuestos, se elimina burocracia, se apoya al empresario, al comerciante, al joven que quiere alquilar o emprender. Y eso es una ofensa para quienes han hecho del fracaso una coartada para intervenir, prohibir y recaudar. 

Por eso, desde el Gobierno, se trata de imponer una lógica de guerra total. No hay tregua. No hay disenso tolerable. Quien no aplaude, estorba. Y en esa lógica, la Comunidad de Madrid es un objetivo a neutralizar. No por errores, que no los niega. Sino por aciertos, que no pueden soportar. 

Por eso se persigue con saña a quien señala la corrupción estructural del sanchismo, pero se protege a los que manejaron comisiones, maletas y terminales mediáticos durante la pandemia. Por eso se ejecutan aforamientos exprés a políticos cercanos al poder mientras se denuncia el más mínimo atisbo de relación personal en el entorno de Ayuso. Porque la justicia ha dejado de ser ciega: ahora mira de reojo al Palacio de la Moncloa antes de actuar. 

El gran drama institucional español no es que haya errores o irregularidades. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos. El drama es que ahora se ha perdido la noción de escándalo. Ya no hay vergüenza, ni dimisión, ni consecuencias. Sólo una maquinaria política que rueda por encima de todo. Y mientras tanto, la alternativa liberal, imperfecta, pero viva, sigue siendo la última trinchera desde la que se defiende el Estado de Derecho. 

España no puede resignarse a ser administrada por quienes ven en la ley un obstáculo, y en la nación una molestia. Desde Hispania 1188 seguiremos levantando la voz, porque no nos rendiremos a esta farsa institucional que busca sustituir la soberanía popular por la lealtad al jefe. 

 Por el Think Tank Hispania 1188 

Jesús María González Barceló, Presidente