La corrupción ya no se esconde en sobres ni en maletines. Ahora viste traje institucional, firma subvenciones y se parapeta tras ministerios y aforamientos exprés.

Es la corrupción del siglo XXI: blanqueada, blindada y legitimada por el relato. Y el epicentro de este nuevo clientelismo está en la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Es un patrón que ya no puede llamarse coincidencia. Mientras los medios cercanos al poder dedican ríos de tinta a las gestiones privadas del entorno de Isabel Díaz Ayuso —aunque no gestionen, no cobren de la administración y no legislen—, hacen malabares semánticos para justificar la situación escandalosa del círculo más íntimo del propio Sánchez.

Su esposa, Begoña Gómez, se encuentra investigada por tráfico de influencias tras haber usado su posición para promover intereses empresariales concretos —algunos incluso agraciados con ayudas públicas—, coincidiendo con decisiones gubernamentales. Pero aquí no hay apertura de telediarios. No hay portadas. Solo silencio. Un silencio sepulcral, estratégico.

Su hermano, David Aznar Gómez, empleado público en la Diputación de Badajoz, lleva años sin ser controlado fiscalmente, pese a cobrar del erario público. ¿Por qué su nómina es opaca? ¿Qué hace exactamente? ¿Por qué no se permite un mínimo de transparencia en una democracia que presume de ejemplaridad?

Su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, más que un servidor independiente de la ley, se ha convertido en el parapeto institucional del Ejecutivo. Sus actuaciones —como el intento de blindar la amnistía a toda costa— lo sitúan como una extensión del Consejo de Ministros, más que como garante de la legalidad.

A esto se suman maniobras oscuras como el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, cuando se acercaban investigaciones incómodas. Y el uso de órganos del Estado para deslegitimar decisiones judiciales, atacar a la UCO o cuestionar abiertamente a jueces que no comulgan con la línea del régimen. Una especie de "república bananera con toga", donde la ley se dobla al compás de las necesidades del poder.

Y todo esto con un Parlamento silenciado, una oposición dividida, y una opinión pública domesticada.

Mientras tanto, Pedro Sánchez, el hombre que presume de feminismo, paz social y regeneración, construye su poder sobre redes clientelares, estructuras paralelas y un ecosistema mediático que actúa más como agencia de comunicación gubernamental que como contrapoder.

La cuestión no es ya si hay corrupción. Es si la hemos normalizado. Si nos hemos resignado a que quien gobierna imponga una legalidad a la carta, blindada para sí mismo e implacable para sus enemigos.

Porque mientras Ayuso es perseguida mediática y judicialmente por lo que hace su entorno en el ámbito privado, Sánchez utiliza todo el aparato del Estado para proteger a su núcleo familiar dentro de la esfera pública, donde se toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos y miles de millones de euros.

Esto no es política: es ocupación. Es ocupación del Estado por un grupo de poder que ya no distingue entre institución y partido, entre gobierno y clan. Es la captura de la democracia desde dentro.

Y si no se alza la voz desde trincheras como la nuestra, la erosión del Estado de Derecho será irreversible. Porque no se trata solo de Pedro Sánchez. Se trata del modelo que deja. De la costumbre que crea. Y del precio que pagaremos todos si permitimos que el poder se herede, se reparta y se proteja entre amigos, parejas, hermanos y fiscales dóciles.

En este contexto, nuestra resistencia no es una opción. Es un deber moral.

O eso o...."El cuarteto de Torrente en un Seat 600", Sánchez, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo.

Por el Think Tank Hispania 1188

Jesús María González Barceló, Presidente