Tal y como adelantó este martes el portavoz del Gobierno y consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, la Plataforma de Contratación del Estado ha publicado hoy la licitación del contrato para la gestión, organización y administración de la planta de transferencia de residuos domésticos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El importe asciende a 79,1 millones de euros para un periodo de diez años, cifra que alcanza los 86,2 millones con impuestos incluidos.

La contratación de este servicio responde al cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece como competencia obligatoria de las entidades locales la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos. Según la información facilitada por el Gobierno local, la Ciudad no cuenta con los medios personales ni materiales necesarios para asumir esta prestación de forma directa.

El contrato comprende la gestión operativa de la planta, el tratamiento inicial de los residuos (admisión, registro, pesaje, acondicionamiento y compactación) y su transporte marítimo-terrestre a la península para su posterior tratamiento. Además, contempla actuaciones de mejora como la renovación de maquinaria obsoleta, el adecentamiento de las instalaciones —incluida la retirada de amianto— y la posibilidad de instalar una planta solar fotovoltaica.

La duración del contrato se extenderá del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2035, sin posibilidad de prórroga. El canon de tratamiento previsto es de 197,91 euros por tonelada (sin IPSI), calculado sobre una media de 40.000 toneladas anuales.

Entre las condiciones especiales del contrato destaca la obligación de realizar el transporte marítimo de los residuos en buques específicos de mercancías, y no en ferris de pasajeros, con el objetivo de garantizar la seguridad y estabilidad del servicio.

Asimismo, la Ciudad Autónoma prevé solicitar apoyo financiero al Ministerio para la Transición Ecológica para sufragar parte de los costes derivados del transporte marítimo, conforme a lo estipulado en la ley estatal.