Corrupción
6 millones en contratos para amañar las elecciones: la querella de VOX contra Coalición por Melilla
El partido señala al líder de CPM como cabecilla de una red criminal que operaba con medios “mafiosos” para alterar el resultado electoral
VOX ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla una querella contra el líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafá Aberchán, y más de 50 personas vinculadas al partido, a quienes acusa de haber orquestado una trama de compra masiva de votos por correo durante las elecciones autonómicas de mayo de 2023
"En la España de Sánchez, nada funciona y la corrupción es generalizada", ha denunciado Pepa Millán (portavoz parlamentaría de Vox), que responsabiliza al Gobierno central de permitir una degradación institucional sin precedentes
Una red electoral con estructura criminal y financiación pública
La denuncia, respaldada por documentos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), acusa a los implicados de organización criminal, prevaricación, malversación, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias y delito electoral.
El núcleo de la querella describe cómo la red, presuntamente liderada por Aberchán desde la sombra pese a estar inhabilitado, habría usado recursos públicos para comprar más de 9.500 votos por correo, en una ciudad con 55.100 electores. Los pagos, en muchos casos, oscilaban entre 100 y 150 euros por papeleta, aunque también se ofrecían alimentos e incluso borregos a cambio del voto.
Según la UDEF, el financiamiento del fraude electoral provino de 291 contratos menores irregulares, adjudicados desde las consejerías controladas por CPM y valorados en 6,15 millones de euros.
Amenazas, coacciones y violencia: “una estructura mafiosa”
El informe policial revela el funcionamiento de una red jerarquizada que operaba con lógicas de grupo criminal. Entre los métodos descritos se incluyen amenazas, coacciones, agresiones físicas a votantes y funcionarios, y un control férreo sobre barrios vulnerables donde los responsables políticos de CPM contaban con influencia directa.
La querella menciona a exconsejeros, empresarios, trabajadores públicos y sociedades mercantiles, todos supuestamente involucrados en una estructura paralela al aparato institucional que, según VOX, “se dedicaba a comprar elecciones para mantenerse en el poder”.
Aberchán, en el centro de la red
Aunque Mustafá Aberchán no formaba parte de las listas electorales de 2023 por estar inhabilitado tras una condena anterior por fraude electoral (2008), la querella lo sitúa como el “líder absoluto” de la trama, dando órdenes sobre contrataciones, pagos en efectivo, distribución de votos y adjudicaciones públicas.
Según las pruebas digitales incorporadas, incluso autorizaba pagos desde su domicilio, gestionaba fondos en metálico y coordinaba reuniones con empresarios a cambio de votos. También habría aprobado la compra de corderos por valor de 90.000 euros para entregarlos como recompensa electoral.
VOX escala su ofensiva judicial
Esta acción judicial se produce apenas una semana después de que VOX denunciara ante los tribunales a la empresaria Leire Díez, conocida como "la Fontanera", por su presunta implicación en otra red de fraude electoral en Melilla.
La formación asegura que continuará actuando legalmente contra lo que considera una “red de corrupción institucionalizada” en la ciudad autónoma, y exige al Gobierno central que refuerce la vigilancia del voto por correo en todo el país.

VOX ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla una querella contra el líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafá Aberchán, y más de 50 personas vinculadas al partido, a quienes acusa de haber orquestado una trama de compra masiva de votos por correo durante las elecciones autonómicas de mayo de 2023
"En la España de Sánchez, nada funciona y la corrupción es generalizada", ha denunciado Pepa Millán (portavoz parlamentaría de Vox), que responsabiliza al Gobierno central de permitir una degradación institucional sin precedentes
Una red electoral con estructura criminal y financiación pública
La denuncia, respaldada por documentos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), acusa a los implicados de organización criminal, prevaricación, malversación, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias y delito electoral.
El núcleo de la querella describe cómo la red, presuntamente liderada por Aberchán desde la sombra pese a estar inhabilitado, habría usado recursos públicos para comprar más de 9.500 votos por correo, en una ciudad con 55.100 electores. Los pagos, en muchos casos, oscilaban entre 100 y 150 euros por papeleta, aunque también se ofrecían alimentos e incluso borregos a cambio del voto.
Según la UDEF, el financiamiento del fraude electoral provino de 291 contratos menores irregulares, adjudicados desde las consejerías controladas por CPM y valorados en 6,15 millones de euros.
Amenazas, coacciones y violencia: “una estructura mafiosa”
El informe policial revela el funcionamiento de una red jerarquizada que operaba con lógicas de grupo criminal. Entre los métodos descritos se incluyen amenazas, coacciones, agresiones físicas a votantes y funcionarios, y un control férreo sobre barrios vulnerables donde los responsables políticos de CPM contaban con influencia directa.
La querella menciona a exconsejeros, empresarios, trabajadores públicos y sociedades mercantiles, todos supuestamente involucrados en una estructura paralela al aparato institucional que, según VOX, “se dedicaba a comprar elecciones para mantenerse en el poder”.
Aberchán, en el centro de la red
Aunque Mustafá Aberchán no formaba parte de las listas electorales de 2023 por estar inhabilitado tras una condena anterior por fraude electoral (2008), la querella lo sitúa como el “líder absoluto” de la trama, dando órdenes sobre contrataciones, pagos en efectivo, distribución de votos y adjudicaciones públicas.
Según las pruebas digitales incorporadas, incluso autorizaba pagos desde su domicilio, gestionaba fondos en metálico y coordinaba reuniones con empresarios a cambio de votos. También habría aprobado la compra de corderos por valor de 90.000 euros para entregarlos como recompensa electoral.
VOX escala su ofensiva judicial
Esta acción judicial se produce apenas una semana después de que VOX denunciara ante los tribunales a la empresaria Leire Díez, conocida como "la Fontanera", por su presunta implicación en otra red de fraude electoral en Melilla.
La formación asegura que continuará actuando legalmente contra lo que considera una “red de corrupción institucionalizada” en la ciudad autónoma, y exige al Gobierno central que refuerce la vigilancia del voto por correo en todo el país.






















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