La actualidad política nacional ha estado muy marcada por la conducta de Leire Díez, la llamada "fontanera" del PSOE, cuya actuación bajo prácticas mafiosas, ha enturbiado la vida política, máxime tras salir a colación los nombres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de su número 2, secretario de organización, Santos Cerdán. Unas grabaciones han dejado al descubierto, todo un entramado mafioso para obtener pruebas que comprometieran la labor profesional del jefe de la UCO y de un fiscal, entre otros.

Como se conoce, en un partido político, los llamados "fontaneros" son aquéllos con un papel fundamental en la gestión del día a día del aparato del partido. Se encargan de coordinar las diferentes federaciones territoriales, supervisar los procesos internos de selección de candidatos, mantener la cohesión interna en momentos de tensión política y, sobre todo (yo que he sido "fontanera", lo sé), desarrollar en nombre del máximo dirigente, "operaciones" ocultas que sirvan para obtener réditos políticos, bajo el axioma que siempre dan como consigna de cautela para proteger la imagen del número 1: "Si te descubren, de esto el presidente no sabe nada". ¡Y vaya si lo sabe todo!

Ningún "fontanero/a" actúa en nombre propio ni "per se", sino como brazo ejecutor de la sociedad que se mueve en las cloacas políticas, para "desatascar" en la "fontanería" situaciones comprometidas o difíciles, con todos los parabienes de la cúpula que, pese a querer mantenerse al margen de cara a la galería, nunca lo están, porque se les informa puntualmente de los pasos seguidos y de los resultados obtenidos.

Que ahora el  PSOE una vez descubiertas las andanzas de su "fontanera", Leire Díez, haya querido desmarcarse de la mafiosa operación de chantajes y maniobras de presión como cortafuegos de las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no es justificación alguna para descartar su implicación en los hechos, como tampoco es entendible que se le habra un expediente informativo a quien ha procedido con tanta gravedad y no se le lleve a los Tribunales por "manchar" el buen nombre de ese partido que blasonaba en otros tiempos de sus "cuarenta años de honradez".

Resulta patético escuchar a Patxi López y a Oscar López decir que el único partido condenado por corrupción ha sido el PP cuando, el PSOE se ha dedicado en esta etapa de Pedro Sánchez a modificar leyes, a amnistiar a diestro y siniestro a independentistas y a concederles indultos, utilizando el Tribunal Constitucional con Conde Pumpido a la cabeza, vergonzosamente para anular las condenar por los ERES, la mayor estafa de corrupción en España con 800 millones de euros no devueltos por la trama de Andalucía, y ahora ese nido de corrupción descubierto por la UCO de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo donde el desenfreno con noches de lujuria de litros de alcohol y la compañía de amores mercenarios a cuenta del dinero público, llevaban el símbolo del puño y la rosa, con 8.844 contratos irregulares, de los que al menos 200 eran primos, amigos, cuñados y conocidos del PSOE y sindicatos. Una fundación que dejó casi 50 millones de euros en ayudas para formación sin justificar y que subvencionó cursos disfrazados de contratos laborales para que 1.500 empleados despedidos por la fábrica de Dephi en Puerto Real cobraran ilegalmente el paro, según un informe de la Inspección de Trabajo. ¿Y todavía el PSOE de Sánchez tiene la desvergüenza de decir que sólo el PP ha sido condenado por corrupción?

¿Qué se puede esperar de un partido donde el número "tres" de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda usó a dos testaferros para cobrar de otro empresario al que anuló 1,2 millones que debía a Hacienda? La UCO destapa el enchufe de la mujer de Espadas, el socialista que lidera ahora el PSOE andaluz, quien ascendió y se lucró con dinero público. ¿Entienden porqué el PSOE y no su "fontanera" quiere acabar con la UCO?

¿Cómo parar toda esta información? Con el preocupante Anteproyecto que prepara el Ejecutivo de Sánchez en la ley que pretende controlar a los medios y que en opinión de varios juristas, es la "censura" recogida en la Ley de Defensa de la República de 1.931. Una iniciativa que prevé cierres y multas de hasta 600.000 euros, un borrador que lejos del pluralismo que se predica con la norma, establece un mayor control y manipulación total de la información incómoda para el Gobierno, cuya libertad protege, como derecho fundamental de todos los españoles, la Constitución. Una libertad que incluye la libertad de prensa y editorial. El nuevo escenario supondrá, que la Administración tendrá el poder de decidir qué medios pueden o no hacer su trabajo, dejando a los jueces desprovistos de sus competencias exclusivas para determinar qué es bulo, injuria, calumnia, o como gusta decir a los socialistas, fango.

En definitiva, este Gobierno que se dice de progresista, adoptaría la paradójica incoherencia supeditando la norma constitucional a una ley preconstitucional. De manera que, con tanta obsesión franquista de Pedro Sánchez, se convierte como Franco en el censor de los medios, instaurando un régimen dictatorial en plena democracia. El Gobierno se situaría en un lugar peculiar de ser "juez y parte" al determinar cuándo y por qué se infringe la ley.

Según un informe de El Confidencial, el Gobierno de Pedro Sánchez ha repartido 190 millones de euros desde 17 ministerios siendo El País y la SER quienes lideran la clasificación con partidas millonarias, para que no haya dudas de la tendencia que se prima como línea ideológica afín, con más de 3 millones de euros para El País y la SER entre 2018 y 2023 recibió 8,3 millones, período de Sánchez en la Moncloa. Y en televisión, Antena 3 recibe 12,6 millones, Tele 5 le sigue con 11,4 y la Sexta con 5,6 millones.

La gestión de la publicidad institucional se realiza de forma muy opaca y si no que se lo digan a Juan Vivas, con su reparto en Ceuta, donde le mantiene en el Libro de los Récords con cero críticas a su gestión política en los 24 años que lleva como presidente de la Ciudad, algo inimaginable si no fuera por el reguero de dinero público (de todos nosotros), para protegerse de comentarios ácidos, adversos y críticos a su labor política. Una vergüenza y ultraje para la libertad de expresión y la propia credibilidad de esos medios "comprados". Así se escribe la triste historia de todos estos personajes que, aunque se creen eternos, son aves de paso por un período más o menos largo. Dice el refranero que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo aguante. De todas formas, esta gentuza resulta insoportable por su descaro e indecencia.