Esta semana hemos leído con estupor una oferta pública de empleo de Sevilimpce (antigua Trace que metió  en el Ayuntamiento a más de 400 trabajadores) para incorporar ahora a 82 recogedores de residuos o barrenderos. La oferta genérica anunciada en el Boletín Oficial de la Ciudad, no es más que el reflejo de la cobardía de Juan Vivas, como presidente de la Ciudad, de no hacer públicas las cuantiosas bajas que se vienen produciendo en esta hoy "sociedad municipal", como antes sucedía en Trace, donde se habla (ya que no han hecho pública la cifra)  la friolera de 182 trabajadores dados de baja, con lo que supone de coste para las arcas públicas, y la desatención a un servicio básico de recogida de basura.

Tal escandalosa situación, parece no soliviantar a la oposición que no ha puesto el grito en el cielo, ni parece que le importe demasiado pedir explicaciones por el despilfarro de dinero público por esta circunstancia, para trabajadores que cuentan con unos emolumentos de 1.800 euros mensuales de sueldo con cuatro pagas extras, (ahora Vivas le ha prorrateado una de ellas), además de otros complementos como la bolsa de vacaciones o el Día del Patrón. Gente sin cualificación académica, con unos sueldos que no se corresponden con su bajísimo nivel de preparación y que, encima, convenio tras convenio, no cesan de exigir mejoras económicas sobre todo, bajo chantaje de huelga con amenaza de dejar las basuras sin recoger con la insalubridad que ello representa para la ciudadanía.

Entre Juan Vivas y los sindicatos, han metido en el Ayuntamiento una bomba de relojería con incorporar a todos los trabajadores de Trace, sin que se haya movilizado ninguna acción de seguimiento a ese elevadísimo número de bajas, que no deja de ser una fórmula utilizada como escandaloso absentismo laboral. Se ha dado el caso que, a veces, había más camiones cisterna que trabajadores en algunos servicios para ocuparlos, lo que representa el mayor fraude de la gestión pública que se viene dando en un servicio esencial. Ocultar esta situación es una forma de complicidad obscena y, más, sacar ahora 82 plazas para cubrir esas bajas, en vez de hacer un seguimiento exhaustivo a esas bajas y afrontar la manera de poner coto a tanto dispendio de dinero público.

Juan Vivas, el complaciente, está tolerando una situación escandalosa, como antes tampoco hizo seguimiento al policía local que debió ser desposeído de su arma reglamentaria estando en tratamiento psiquiátrico y que desencadenó un asesinato y, ahora en el juicio, solo se le exige al Gobierno de la Ciudad indemnización pero no hay acusación alguna por presunto ilícito penal, al tolerar una situación que derivó en un crimen, por negligencia o inacción de un Gobierno inútil y, a mi modo de ver, máximo responsable de ese fatal desenlace.

Y en esta semana donde se han celebrado las Jornadas Jurídicas, a Juan Vivas no se le cae la cara de vergüenza de tolerar ( y no cambiar el Reglamento de la Asamblea), porque un escaño ocupado por un miembro de la candidatura del Movimiento por la Dignidad (pero menos) y la Ciudadanía, de Fátima Hamed, se encuentre en prisión por  orden de la Audiencia Nacional como presunto narcotraficante, en una trama que llevó a dos guardias civiles a la cárcel y que a nivel político, resulta intolerable, desde el punto de vista de la ética y la estética, que un representante del pueblo se encuentre en esa tesitura con la indignidad que ello supone, con una imputación que le llevará al banquillo y sin renunciar al acta de diputado, ni la exigencia de que lo haga, como tampoco cambiar ese Reglamento de la Asamblea, evitando la posibilidad de que se den situaciones de esta naturaleza.

El apoyo en votos que precisa Juan Vivas para sacar sus "asuntos" adelante, lleva a esta situación tan bochornosa, estrambótica como esperpéntica que nos llena de perplejidad y la convierte en noticia nacional como ha sucedido con la publicación en OK Diario, de este episodio que "mancha" el buen nombre de Ceuta ( que en este caso a Juan Vivas parece no importarle) y mancilla la dignidad que ha de prevalecer en una institución como la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Ni Pedro Sánchez tiene vergüenza ni honor con la metástasis de corrupción que asola cada día más a su partido y a su entorno familiar, ni Juan Vivas tampoco tiene el más mínimo recato en ocultar primero la retahíla de bajas en Servilimpce sin hacerlas públicas para escarnio de los 182 que recurren a un uso abusivo y posiblemente fraudulento de la baja laboral, como no reformar el Reglamento de la Asamblea para retirar el acta de diputado a un individuo "manchado" por la delincuencia con carácter reincidente, porque con anterioridad cumplió cuatro años de prisión por idéntico motivo.

La política no está para encubrir a gentes de esta calaña, como tampoco las instituciones públicas han de soportar estas anomalías democráticas, por un puñado de votos y apoyos parlamentarios que envilecen la vida pública. Eso es mancillar la propia política, la democracia y favorecer a los abyectos bajo ruines conductas tan deleznables como ellos mismos al amparo de sus cómplices.