La creación en 1995 de la Fiscalía anticorrupción, en tiempos de Juan Alberto Belloch y Felipe González no estuvo exenta de polémica, debido a que ya entonces arreciaron críticas debido a que se consideraba innecesario inventar una Fiscalía especial para perseguir delitos políticos, ya que la propia Fiscalía ordinaria desempeñaba esa función desde hacía tiempo.

Todo apuntaba a una maniobra gubernamental para ralentizar las investigaciones que afectaban a los propios y acelerar las de los ajenos. La peculiar época en la que se creó, aderezada de episodios turbios como los GAL, Filesa y otros que acosaban mediáticamente al declinante gobierno de González, abona la teoría de que su verdadera intención fue ejercer un control político sobre los asuntos más delicados, o sea, crear una Fiscalía antioposición.

La cosa vino a enturbiarse con las hazañas de un siniestro personaje, el entonces Juez estrella Baltasar Garzón, que había adquirido notoriedad instruyendo la "Operación Nécora" del narcotráfico gallego, quien fue montando una célula de afines a su declarada ideología de izquierdas para hacer carrera, tanto profesional como política, al confortable calor del PSOE.

Pero un día se pasó de frenada en la instrucción del "Caso Gurtel", que afectaba a una serie de políticos y empresarios vinculados al Partido Popular, ya que Garzón dictó dos autos en los que ordenaba grabar las conversaciones de los encarcelados con sus abogados en las visitas que les hacían a la prisión. Esos letrados defensores, situados entre lo más granado de la abogacía española, no presentaban indicio alguno de actuación delictiva, y se limitaban a visitar a sus clientes para ejercer su derecho constitucional a la defensa.

Ya sabemos que posteriormente Garzón acabó inhabilitado por un delito de prevaricación. Con todo esto, lo que quiero decir es que la politización de la Fiscalía resulta hoy día insoportable, ya que su deber de imparcialidad y su labor de protección de los derechos constitucionales de los investigados, se saltan a la torera en las investigaciones más mediáticas. El repugnante manejo de los tempos judiciales son controlados con mano férrea por este indecente Gobierno de Pedro Sánchez.