El 9 de febrero de 2024, la costa de Barbate (Cádiz) vivió un suceso trágico que marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en España. Durante una operación antidroga, dos guardias civiles fueron asesinados al ser embestidos por una narcolancha. El ataque también dejó a otros cuatro agentes heridos, poniendo en evidencia las vulnerabilidades en la seguridad de la región. El caso ha generado una reflexión a nivel nacional sobre la eficacia de las políticas de seguridad y la responsabilidad de las autoridades en la gestión del narcotráfico.

El pasado 13 de mayo, en una intervención en el programa La Retaguardia de Periodista Digital, Juan Gonzalo Espina, abogado penalista y parte de la acusación particular, destacó la importancia de ir más allá de las responsabilidades jurídicas y penales, exigiendo también responsabilidades políticas. «Como acusación particular, nosotros llevamos todas las acusaciones, el juez las ha centrado porque hay muchos perjudicados, muchas víctimas. Es un caso muy triste que yo creo que toda la audiencia y la opinión pública de este país que creen en el Estado de derecho y en el buen trabajo de las fuerzas y cuerpo de la seguridad del Estado tendríamos que alzar la voz», manifestó Espina.

El abogado cuestionó la falta de medidas para prevenir este tipo de incidentes, señalando que, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, no se han introducido nuevos medios ni políticas efectivas para frenar la violencia del narcotráfico en la región. «El narco sigue campando a sus anchas en las costas de Andalucía. Esto habría que cortarlo de raíz», añadió, subrayando la necesidad de una respuesta firma por parte de las autoridades.

El ataque ocurrió cuando un grupo de agentes del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se desplazó hasta el puerto de Barbate, donde varias narcolanchas se habían refugiado debido al temporal Karlotta. A bordo de una patrullera de tan solo 5,5 metros de eslora, los agentes intentaban identificar los narcotraficantes, cuando fueron embestidos por una lancha semirrígida de 14 metros de eslora y cuatro motores. En el ataque murieron Miguel Ángel González, de 39 años, y David Pérez Carracedo, de 43, mientras que otros cuatro agentes resultaron heridos.

"Alguien tendría que ser responsable políticamente de estos Guardias Civiles y no mirar hacia otro lado"

Espina también defiende el trabajo de la Guardia Civil, que tras varios de meses de investigación logró identificar y detener a los responsables del ataque. A pesar de las detenciones, el abogado criticó la falta de acción a nivel político y la pasividad de la oposición ante la situación. «Es deleznable, no hay voluntad política. La oposición, digámoslo también, está dormida, debería alzar la voz y pedir la dimisión de personas. No sé si el Ministro de Interior o el Secretario de Estado, pero alguien tendría que ser responsable políticamente de estos Guardias Civiles y no mirar hacia otro lado», insistió.

El caso sigue bajo investigación judicial, y las familias de los agentes fallecidos continúan luchando por justicia. Espina hizo un llamamiento a la sociedad para que alce la voz y evite que situaciones como esta se repitan. «No jugar a esa falsa moral en la que, por un lado, mandamos a la muerte a nuestros Guardias Civiles y, por otro lado, intentamos acabar con el crimen», concluyó. 

La tragedia de Barbate no solo ha conmocionado a las fuerzas de seguridad, sino que también ha dejado al descubierto la creciente preocupación por las carencias en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. La respuesta política y la implementación de medidas de seguridad afectivas son ahora más necesarias que nunca.