Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha solicitado al Ministerio de Defensa que la reciente subida salarial concedida al personal militar se haga extensiva también al personal civil del departamento. La petición ha sido trasladada formalmente a la ministra Margarita Robles a través de una carta firmada por más de un centenar de trabajadores.

En el escrito, el sindicato y los empleados civiles expresan su “total indignación y desacuerdo” con la decisión de limitar el complemento mensual de 200 euros exclusivamente al personal militar. “Consideramos que todos formamos parte del mismo equipo y somos piezas esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de la defensa nacional”, señalan.

CCOO subraya en la misiva que el personal civil cumple funciones clave en áreas como logística, administración, sanidad o desarrollo tecnológico, y que su labor es indispensable para la operatividad del Ministerio. “Sin su apoyo, las operaciones militares no podrían llevarse a cabo de manera efectiva”, advierte el sindicato.

La organización sindical recuerda que civiles y militares colaboran estrechamente en proyectos y misiones, por lo que reclama un trato salarial equitativo. “Reconocer que ambos contribuyen al mismo objetivo implica que sus condiciones salariales deben ser coherentes”, añaden, subrayando que la igualdad salarial es fundamental para promover un entorno de respeto mutuo y reconocimiento profesional.

Además, CCOO destaca la importancia del personal civil para garantizar la continuidad y estabilidad institucional del Ministerio de Defensa. “Un salario competitivo es clave para atraer y retener talento, evitando la fuga de profesionales cualificados a otros sectores”, señala el sindicato, que considera esta medida esencial para mantener la eficiencia del servicio público.

Por último, Comisiones Obreras denuncia que el personal civil del Ministerio de Defensa es actualmente el colectivo que percibe el menor complemento específico dentro de la Administración. Por ello, insisten en que este ajuste salarial no solo es una cuestión de justicia económica, sino también de igualdad y reconocimiento al valor que aporta este colectivo al servicio público.