Dos formaciones políticas locales, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) que lidera Fátima Hamed, la otrora "tizona" del que ella calificaba "desgobierno" de Vivas y el partido político del longevo político, el Partido Popular. En el primero, señalado por el marchamo delictivo del supuesto vínculo con el narcotráfico de uno de sus integrantes, como reincidente, tras pasar cuatro años en reclusión por idéntica cuestión, su número 4 Mohamed Alí Duas ordenado su encarcelamiento por la Audiencia Nacional junto a su hermano y dos guardias civiles corruptos de Ceuta en una operación contra el narcotráfico ordenada por Asuntos Internos de la Guardia Civil.

Menos mal que "en Ceuta nos conocemos todos" y han de venir de Asuntos Internos de Madrid para detener a dos corruptos guardias civiles involucrados con la delincuencia tan característica en Ceuta: el narcotráfico.

El enredo de la política ha llevado a "manchar" al Partido Popular, tan dado a dar lecciones de todo tipo, con la prisión decretada contra el pediatra, miembro del Comité Ejecutivo de los "populares" y exnúmero 4 en la candidatura de Juan Vivas, Faisal Hamed, por presuntos abusos sexuales (tras denuncia de una mujer) para quien a nivel mediático, se le ha dado un trato muy diferente a Javier Guerrero, aludiendo a la presunción de inocencia y sin profundizar más allá. Una situación que no ha impedido que el PP lo suspenda de militancia sin asumir responsabilidades ni quienes le catapultaron a la afiliación y candidatura "popular", ni quien la encabezaba, como Juan Vivas que dejó en manos de su entonces secretaria general, Yolanda Bel, todo el manejo electoral de la lista.

Ahora Fátima Hamed que hizo bandera de declarar "persona non grata" a un exaltado que defiende la unidad de España (no de Palestina como ella) y el orden constitucional como Santiago Abascal, tendrá como "pecado" llevar en lista a un presunto narcotraficante. Y Juan Vivas que se personó como acusación particular en el caso Javier Guerrero, oponiéndose incluso a su libertad, recibe el Karma de liderar una candidatura y presidir un Comité Ejecutivo con un presunto agresor sexual que señala al Partido Popular como una formación en la que un individuo de esta presunta calaña (aún por juzgar) forma parte con responsabilidades políticas. ¿Se presentará ahora el Gobierno de Juan Vivas como acusación particular en el caso del pediatra que acogió en sus filas? ¿El Faro de Ceuta hará un seguimiento detallado de todos los pormenores que rodean el período de instrucción de la causa contra el pediatra con las filtraciones judiciales a las que nos tiene acostumbrados? Estamos expectantes para ver los vendidos por un millón de euros de dinero público cómo se comportan esta vez.

Estamos ansiosos por conocer si al pediatra le tendrán 11 meses en prisión preventiva como a Guerrero y le solicitarán 100.000 euros de fianza para salir la libertad condicional. Por aquello de que somos todos iguales ante la ley...Y todavía estamos esperando los comunicados de Ingesa y Delegación del Gobierno al respecto.

¿Y qué decir, Juan Vivas de ese policía local al que su Gobierno permitió utilizar su arma reglamentaria con la que un Tribunal ha considerado que asesinó a su mujer?¿Siente Juan Vivasen en su conciencia algún tipo de responsabilidad solidaria por no controlar la capacidad psicológica de un funcionario de la Ciudad Autónoma a portar armas, o por no intervenir para que un individuo con patologías en tratamiento detectadas y confesadas en el juicio, utilizara su arma reglamentaria en horas de servicio para acabar la vida con María Ángeles, su esposa? No sé si Juan Vivas sentirá un ápice de culpabilidad por la negligente conducta de su Gobierno o si alguien pensará que hay gente cuya conducta les ha podido llevar a verse con las manos manchadas de sangre por inacción en una situación donde había precedentes y pudo ser evitada de actuar con mayor diligencia y eficacia.

El Karma que es cruel e implacable, ha llevado a Fátima Hameh y a Juan Vivas a situaciones donde lo menos que cabría exigirles es la dimisión por respaldar a esta clase de individuos: primero por situar en su candidatura, en la que ambos lideraban, a personas que han acabado en la cárcel y, en segundo lugar, cómo ese Juan Vivas tan legalista y escrupuloso para otros, no lo ha sido en su propio Gobierno para impedir un lamentable hecho con la consecucion de un asesinato que pudo evitarse con retirarle el arma reglamentaria a un "pirado" en tratamiento psicológico que es capaz de culpar a su propia hija para salvarse él con testimonio en el que mentía.

Ni Fátima Hameh ni Juan Vivas pueden hoy tener la conciencia tranquila por las "losas" de responsabilidad que tienen sobre ellos al verse vinculados a presuntos delincuentes de la peor ralea: narcotráfico y abuso sexual, así como asesinato. En su trayectoria política quedarán como los avalistas de este tipo de personas socialmente abominables.

No debe acabar la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad en una indemnización de un millón de euros que pagan con el dinero de todos nosotros, sino que se requieren también imputaciones penales a los políticos del Gobierno por la negligente actuación de unos responsables políticos que por omisión no ejercieron sus propias responsabilidades para proteger a una víctima inocente. No puede quedar el asunto en una mera cuestión económica porque sería ponerle precio a una vida; hay que exigir mayores responsabilidades, las penales para Juan Vivas y su Gobierno con especial foco en el consejero de Gobernación del período en el que ejerció sus funciones el asesino de su esposa en la Policía Local pese a que con anterioridad se le había retirado el arma.

Estamos aludiendo a un macabro suceso tan espeluznante que no se soluciona sólo con dinero. ¿Ponemos el precio a una vida humana en un millón de euros y pelillos a la mar? No, Juan Vivas y su Gobierno han de pagar por su negligente conducta, al no evitar una situación que ha derivado en la pérdida de una vida. Y ahí sí me personaría yo como acusación particular para que respondan de sus responsabilidades vía penal.

En hechos tan graves como éste no se le pueden poner puertas al campo. La Fiscalía ha de actuar de oficio para depurar responsabilidades políticas en el ámbito penal.