Jueves, 18 de Septiembre de 2025

Actualizada Jueves, 18 de Septiembre de 2025 a las 16:28:17 horas

Redacción
Miércoles, 30 de Abril de 2025
Política

CCOO se opone radicalmente a la privatización, "ilegal", del Servicio de Valoración de la Discapacidad del Imserso

El sindicato denuncia que la contratación de una clínica privada para realizar valoraciones médicas vulnera la ley y deja sin solución a la mitad de los expedientes pendientes

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha mostrado su rechazo frontal a la privatización parcial del Servicio de Valoración de la Discapacidad por parte de la Dirección Provincial del Imserso en Ceuta, una medida que el sindicato considera “ilegal” y “absolutamente irresponsable”.

 

Según denuncia la organización sindical, la Dirección Territorial ha optado por contratar de forma directa a una clínica privada local para realizar valoraciones médicas, una decisión que atribuyen a la “incapacidad manifiesta” de su responsable para gestionar el volumen de expedientes acumulados —más de 1.500, algunos con un retraso superior al año y medio—.

 

CCOO afirma que existen alternativas dentro del sistema público que fueron planteadas en varias sesiones de la Comisión Ejecutiva del Imserso: la movilidad provisional de médicos de otras provincias, encomiendas de gestión al personal del INGESA o la reorganización interna de efectivos disponibles. Por ello, rechazan la versión oficial de que no existen recursos públicos suficientes para abordar el servicio.

 

La central sindical advierte de que esta "disparatada privatización" supone una renuncia inadmisible a la potestad administrativa, lo que compromete principios esenciales como la imparcialidad, la protección de datos y el cumplimiento de la ley de incompatibilidades.

 

El sindicato también denuncia que el contrato se ha realizado bajo la figura de contratación menor —con un presupuesto de 15.000 euros—, lo que ha permitido adjudicarlo “a dedo” sin concurrencia ni control suficiente. A juicio de CCOO, esta fórmula vulnera la Ley de Contratos del Sector Público, entre otras razones porque solo permitirá resolver aproximadamente la mitad de los expedientes pendientes. “¿Qué ocurrirá con los demás?”, se preguntan, advirtiendo del riesgo de incurrir en prevaricación si se repite el procedimiento mediante el fraccionamiento del contrato.

 

Por último, CCOO subraya que se han presupuestado 800 valoraciones por esos 15.000 euros, una cantidad que, a su juicio, “no garantiza la calidad ni el rigor que requiere un servicio de esta complejidad y trascendencia para muchas familias en situación de vulnerabilidad”.

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